Un abuso espiritual, es decir, la manipulación de las personas con base en supuestas experiencias sobrenaturales o de elementos místicos, como pretexto para ejercer dominio sobre ellas o cometer abusos (sexuales o no) podría convertirse legalmente en un delito penal en el seno de la Iglesia Católica.
Lo propuso el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) durante una audiencia con el papa Francisco el 22 de noviembre, quien aprobó el estudio de la iniciativa. Para ello, el pontífice dispuso la creación de un grupo de trabajo que deberá analizarlo y presentar propuestas que permitan llenar el vacío legal en esta área concreta.
En efecto, el DDF advierte que actualmente “no existe en el Derecho de la Iglesia un delito tipificado con el nombre de ‘falso misticismo’, si bien la expresión viene a veces utilizada por los canonistas en un sentido estrictamente relacionado con los delitos de abuso”.
Es una novedad en materia de prevención, si bien ya se venían dando pasos en esa vía, tras la promulgación de las nuevas Normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales.
Sin embargo, el dicasterio argumentó que “debe considerarse de especial gravedad moral la utilización de supuestas experiencias sobrenaturales o de elementos místicos reconocidos como medio o pretexto para ejercer dominio sobre las personas o cometer abusos” (Art. 16).
En la nota publicada por la Santa Sede bajo el título de: “Falso misticismo y abuso espiritual”, el prelado argentino sostiene que tal consideración permite evaluar la situación ahí descrita como “circunstancia agravante si se presenta junto con los delitos”.
Al mismo tiempo, señala que “es posible tipificar un delito de ‘abuso espiritual’, evitando la expresión demasiado amplia y polisémica de ‘falso misticismo’”. También explica que se le confió la tarea de ese análisis, así como de presentar las propuestas, al Dicasterio para los Textos Legislativos y al DDF, por lo que se constituyó un grupo de trabajo con ese objetivo.
El equipo estará presidido por el prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos e integrado por miembros de ambos dicasterios, a fin de “cumplir cuanto antes la tarea que se les ha encomendado”. Como resultado, el arzobispo italiano Filippo Iannone, quien ingresó al organismo vaticano en 2017, tendrá la responsabilidad de presidir el grupo que incluye, así mismo, al cardenal Fernández.
De cristalizarse la propuesta, esto representaría una notable innovación, pues aunque el Vaticano ha hecho grandes esfuerzos procedimentales para dotar a la Iglesia de mecanismos de prevención y combate de abusos sexuales, no existía hasta ahora un esquema equivalente para responder a los abusos espirituales, sectarios y de manipulación. Así, el nuevo mecanismo dotaría a los adultos de herramientas para enfrentar legalmente los abusos de poder y sexuales, así como los considerados de conciencia.
El anuncio hace recordar el caso del jesuita Marko Rupnik, famoso como autor de mosaicos en iglesias; pero más famoso tras una serie de acusaciones que escalaron, especialmente la del año 2022, cuando se le señaló por infligir abusos psicológicos, espirituales y físicos a monjas en su natal Eslovenia.
Aunque se le prohibió “ejercer el sacramento de la Confesión, la dirección espiritual y la realización de Ejercicios Espirituales”, implicó una amplia controversia. En efecto, tras detectarse irregularidades, el papa le pidió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe reexaminar lo ocurrido. Y en un hecho sin precedentes, exigió en 2023 que no prescribiera su caso.
Otra situación notoria es la del franciscano Francisco Javier Garrido Goitia, quien falleció en octubre a los 83 años. Un año antes había recibido condena del Tribunal de la Rota por “falso misticismo y solicitación de confesión”, a raíz de las denuncias que realizaran dos religiosas.
Lo particular de aquella histórica sentencia canónica fue el uso de la frase “falso misticismo” para abarcar los abusos de poder, sexuales y de conciencia del sacerdote; una salida necesaria ante los vacíos del Código de Derecho Canónico sobre ese tipo de agresiones, que ahora podrían pasar a ser tipificadas directamente como delitos penales.
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