Compensación económica para las víctimas de abuso: Mons. Scicluna

“La víctima de abuso sexual también tiene derecho a solicitar una indemnización por daños y perjuicios, este es un principio sólido de la doctrina católica”, dijo Monseñor Charles Scicluna, Arzobispo de Malta, durante su ponencia en el segundo día de actividades del Congreso Latinoamericano sobre la Prevención del Abuso de Menores, que se lleva a cabo en la Universidad Pontificia de México.

El Arzobispo, quien también es miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aseguró que la Iglesia siempre ha promovido el principio de la responsabilidad personal del delincuente, que está obligado a pagar los daños causados a la víctima.

“Sin embargo, la cuantificación de estos daños es muy difícil de comprobar, pues no hay un daño patrimonial. Un daño psicológico, espiritual e incluso físico no es fácil de reparar, y menos con dinero”, señaló monseñor Scicluna, quien en 2004 fungió como fiscal especial para investigar el caso Marcial Maciel.

Necesaria, la figura de un procurador

Durante su ponencia La atención pastoral a las víctimas y a las comunidades eclesiales, propuso nombrar un procurador eclesial que defienda los intereses de la víctima durante el proceso judicial canónico.

Señaló que hay un desequilibrio entre las leyes eclesiásticas y las civiles, pues mientras que en estas últimas sí se puede pedir una compensación económica, el sistema eclesiástico no lo contempla.

Mons. Charles Scicluna es uno de los principales expertos del Vaticano en protección a menores. Foto: María Langarica.

“El papel del procurador será informar a la víctima acerca de sus derechos civiles, entre los que se encuentra el derecho a denunciar penalmente y pedir la reparación del daño económico”, explicó monseñor Scicluna.

Asimismo, hizo referencia al Motu Proprio “Vos estis lux mundi”, emitido por el Papa Francisco en mayo de este año, que es la nueva ley para la Iglesia universal, en la que impera la atención a las víctimas, sitúa al obispo local como máximo responsable del proceso, acorta los plazos de actuación y opera tanto en los casos de abusos a menores como a adultos vulnerables.

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