La dignidad de los migrantes debe respetarse

Hay escenas que duelen no sólo por lo que muestran, sino por lo que revelan de nosotros como sociedad.

En los últimos días, la Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis Primada de México, que desde hace años acompaña muy de cerca a las comunidades migrantes que pasan por la Ciudad de México, ha recibido testimonios directos y verificados, junto con organizaciones hermanas, sobre detenciones realizadas en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, particularmente en las colonias Guerrero, San Rafael, La Merced, Tepito y en zonas de Polanco e Iztapalapa.

Vehículos oficiales con logotipos de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración han trasladado a personas extranjeras, interceptadas en la vía pública o incluso en sus propias viviendas, hacia estaciones migratorias y, posteriormente, hacia otras entidades del país.

De acuerdo con la información recabada por la Pastoral de Movilidad Humana, estos operativos se han realizado, en numerosos casos, sin órdenes oficiales que los amparen, sin identificación clara de los agentes y sin las garantías mínimas del debido proceso.

Resulta especialmente alarmante que entre las personas detenidas haya solicitantes de la condición de refugiado con trámite vigente ante la COMAR, personas en proceso de regularización migratoria e incluso personas ya reconocidas como refugiadas por el Estado mexicano.

Detener a quien ya cuenta con un documento expedido por la propia autoridad que lo protege representa una contradicción inadmisible y una violación directa al principio de no devolución, consagrado en nuestro orden jurídico y en los tratados internacionales firmados por México.

Por ello, hacemos un llamado respetuoso, pero firme y urgente, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración para suspender de inmediato estas redadas y ajustar todo operativo migratorio al marco constitucional, a la Ley de Migración, a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como a los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

De manera particular, solicitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, se hagan presentes en los puntos donde se realizan estos operativos, así como en las estaciones migratorias a las que están siendo trasladadas las personas detenidas, a fin de verificar y documentar posibles violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.

Su presencia oportuna en el territorio es una garantía mínima ante posibles abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y vulneraciones al debido proceso.

La Iglesia ha insistido una y otra vez que ninguna persona pierde su dignidad por su condición migratoria. Antes que “migrantes”, “irregulares” o “extranjeros”, hablamos de personas, hombres y mujeres con historias, heridas, familias y esperanzas.

Las personas migrantes no son una amenaza. Son, en varias ocasiones, el rostro más vulnerable de un mundo herido por la pobreza, la violencia, el crimen y la desesperanza.

La manera en que tratamos a quienes llegan buscando refugio habla también del país que queremos ser. México ha sabido históricamente abrir espacios de acogida, solidaridad y humanidad aun en medio de las diferencias. Mantengamos firme nuestra vocación humana de reconocer la dignidad de toda persona, especialmente de quien más nos necesita.