Rubén Aguilar

La amenaza de muerte que el pasado 9 de agosto difundió el Cártel Jalisco Nueva Generación en contra de la periodista Azucena Uresti y la agresión al trabajo de El Universal, Televisa y Milenio advierte, una vez más, que ejercer el periodismo en México es una actividad del más alto riesgo. La violencia contra el ejercicio de la prensa libre es un fenómeno que viene desde hace 20 años, pero es la primera vez que ocurre una amenaza de éste carácter en la Ciudad de México. Antes siempre se había dado en los estados. Habla de una escalada. Nadie, menos el gobierno Federal y el de la Ciudad de México, pueden ignorar esta realidad. El crimen organizado ha decidido amenazar a los periodistas y a los medios en la capital de la República. Ocurre en un sitio donde antes no lo había hecho. Ahora sabe que lo puede hacer. No es un dato menor. De 1994 a lo que va de 2021 han sido asesinados 129 informadores a consecuencia del ejercicio de su actividad profesional, según el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). En lo que va del sexenio del presidente López Obrador han sido asesinados 45 periodistas, según la Secretaría de Gobernación. En todo el sexenio del presidente Fox Quesada ocurrieron 25 asesinatos de periodistas, en el de Calderón Hinojosa 52 y en el de Peña Nieto 59, de acuerdo con la CNDH. De seguir la actual tendencia en esta administración federal serán más de 100 los informadores asesinados. Para los organismos internacionales de protección a periodistas y también, para organizaciones de la sociedad civil en México, el presidente López Obrador no ha hecho lo que le corresponde, para encarar el problema cuando éste es todavía más grave que en los gobiernos anteriores. Y señalan que los criminales saben que gozan de total impunidad. Advierten que en este creciente ambiente de violencia contra el periodismo, el presidente contribuye a su construcción con su permanente crítica y descalificación a informadores y medios en sus comparecencias mañaneras. Para estos organismos la posición del presidente violenta la libertad de expresión, pero él dice que se acoge a ella, para manifestarse contra la prensa. Plantean también que los mecanismos de protección a los periodistas son muy débiles y que con frecuencia han fallado y los informadores, a pesar de contar con ellos, han sido asesinados. Solicitan al gobierno un cambio de paradigma, para garantizar la vida de los comunicadores y el ejercicio pleno de una prensa libre, que no se deje condicionar por las amenazas del crimen organizado. A propósito de la reciente amenaza, En defensa de la libertad de expresión (10.08.21), documento suscrito por 22 de los medios más importantes del país, se plantea la posición de los periodistas y los medios ante la situación: “Exigimos a las autoridades correspondientes salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos con estas expresiones delincuenciales y exhortamos a echar a andar, con carácter de urgente, los mecanismos de protección que ampara la ley de tal manera que se proteja a cada uno de ellos”. Y también que “esperamos del gobierno federal un pronunciamiento condenando los hechos y la garantía de quienes se expresan con tanta soltura en redes sociales sean aprehendidos y llevados a juicio. Estamos convencidos que la trasformación que se quiere dar en el país, no se puede lograr si la libertad de expresión está amenazada”. El presidente ha manifestado su solidaridad con Azucena Uresti y ha reprobado el hecho, pero no lo ha condenado a nombre del Estado mexicano. El documento termina poniendo de manifiesto una trágica realidad: “México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estado Mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país, no de debilitar con estigmatización”. Es un claro mensaje al presidente López Obrador. Todavía no se pronuncia ante esta demanda. ¿Lo hará? Twitter: @RubenAguilar Rubén Aguilar Valenzuela es profesor universitario y analista político. Puedes leer: Crece el Covid-19 y también el número de personas sin servicios de salud

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