¿Proteger a las audiencias o censurar?

Nadie puede estar en desacuerdo en que se proteja a las audiencias, pero tampoco nadie puede estar de acuerdo con que se censure la libertad de expresión, y la propuesta de ley que ha enviado la presidenta Sheinbaum Pardo, con el pretexto de protección a las audiencias, es una clara ley de censura.

La iniciativa propone que los medios hagan público su Código de Ética y nombren a un defensor de las audiencias, que es algo plausible y debería ser una realidad, como ocurre en muchos países democráticos, que son los propios medios, a partir de su código, quienes defienden a las audiencias.

En la propuesta de ley enviada por la presidenta al Congreso, una dependencia de su gobierno se haría cargo de defender a las audiencias, y es quien va a decidir, de lo que publican los medios, qué es verdad o mentira, lo que abiertamente es una práctica de censura, a la que se quiere legalizar con la emisión de una ley.

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Esta instancia sería la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuyos integrantes nombró la presidenta; son funcionarios públicos de un gobierno en lo particular y es parte de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT), que es una dependencia del Ejecutivo Federal.

En su versión actual, esta iniciativa de ley se propone regular la programación y los contenidos de las transmisiones de la radio y televisión. Es una ley que se propone dar a las audiencias solo la información y contenidos que lleven el aval del gobierno, lo que violenta la libertad de expresión de los medios y los comunicadores.

Esto lo convierte en un claro instrumento de censura: la comisión, que como parte del gobierno tiene intereses muy claros, es juez y parte, y cualquiera de sus decisiones será un claro ejercicio de censura. Así, esta instancia se convierte en el Ministerio de la Verdad de un régimen autoritario, con rasgos dictatoriales, que claramente violenta el derecho a la libertad de expresión.

Si la mayoría del Congreso, en poder de Morena, pasa tal como está la propuesta de ley enviada por la presidenta, la CRT se convertiría en la policía que garantiza, a partir de criterios del mismo gobierno, no de la sociedad y de ciudadanos libres, qué es verdad y qué es mentira, como ocurre en las dictaduras.

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Un dato que no es menor es que quien dirige la ATDT es José Merino Peña, conocido como Pepe Merino, que es uno de los funcionarios del gobierno más leales y cercanos a la presidenta, un personaje opaco que se ha negado, con el aval presidencial, a presentarse ante el Senado y la Cámara de Diputados para rendir cuentas.

En la redacción de la actual ley, que esperamos no pase por el bien de la democracia, de la libertad de expresión y del país, la censura estaría en manos de la propia presidenta, y su operador, muy cercano a ella, sería Merino, quien es el titular de la ATDT, de la que depende la CIRT, que sería el instrumento operativo y visible para ejercer la censura.

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