Investigación sobre el crimen organizado

El pasado 17 de mayo, The New York Times, en su edición dominical, dedicó una página entera a una investigación sobre el crimen organizado en México, firmada por Paulina Villegas. La publicación ha tenido un gran impacto y repercusión en nuestro país y en el mundo.

En el artículo se documenta la existencia de una “arquitectura invisible de protección” dentro de distintos niveles del gobierno de Sinaloa, que permitió al Cártel de Sinaloa operar desde 2021 con amplio margen de impunidad.

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La reportera Villegas obtiene el testimonio de tres elementos operativos del propio cártel, quienes le explican cómo este sistema ha operado, el cual incluye acuerdos económicos con las autoridades para facilitar el tráfico de drogas y armas, así como la entrega de rivales por parte de fuerzas del orden.

Acá retomo la síntesis de esta investigación periodística que Juan Ortíz publicó en su portal Lupa Parlamentaria, y que consta de diez puntos:

1. El Cártel de Sinaloa operó durante años con una red de protección dentro del gobierno de Sinaloa, formada por funcionarios de distintos niveles.
2. Esa protección permitió mover drogas y armas sin obstáculos, mediante avisos, códigos, rutas libres y alertas sobre operativos.
3. Funcionarios públicos entregaron información operativa al cártel, incluida la ubicación de patrullajes, presencia policial y movimientos de rivales.
4. El cártel usó a funcionarios corruptos para golpear a sus enemigos, incluso permitiendo que armas robadas al Ejército llegaran a grupos rivales para provocar enfrentamientos.
5. La acusación de fiscales estadounidenses apunta directamente contra Rubén Rocha Moya y contra nueve exfuncionarios o políticos estatales.
6. Según la acusación, Rocha Moya y otros políticos tuvieron una relación de años con el Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos y respaldo político.
7. La nota afirma que Joaquín Guzmán Loera ayudó a Rocha Moya a ganar en 2021, mediante robo de boletas, secuestros e intimidación contra candidatos opositores.
8. La red de protección siguió funcionando pese a la guerra interna entre Los Chapitos y Los Mayos, aunque habría quedado debilitada tras la captura de Ismael Zambada García.
9. Operadores del cártel entrevistados por Villegas describen colaboración directa con policías, mandos locales y funcionarios, incluyendo protección en retenes, aeropuertos, hoteles y zonas de operación.
10. El problema rebasa a Sinaloa, porque México tendría antecedentes de colusión entre autoridades y crimen organizado en varios estados, con casos como Nayarit (Edgar Veytia), Tamaulipas (Tomás Yarrington) y Guerrero.

La presidenta pide pruebas en contra de Rubén Rocha Moya, ahora gobernador con licencia, y de los otros funcionarios implicados. Dos de ellos ya se declararon culpables y se entregaron a las autoridades de Estados Unidos. Todos los días, por diversos medios, se le proporcionan pruebas; sin embargo, ella las niega y continúa defendiendo a estos criminales.

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