Activistas ambientales asesinados
Gustavo Alanís, fundador y director ejecutivo de Cemda, sostiene que, en el marco de los tratados internacionales firmados por el gobierno de México, este tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar los ataques en contra de los defensores de los derechos humanos
En los últimos 12 años, entre 2015 y 2025, durante los gobiernos de Peña Nieto, López Obrador y Sheinbaum Pardo, han sido asesinados 199 activistas sociales, defensores de los derechos ambientales, según el Centro de Derecho Ambiental (Cemda).
El Cemda presentó, el pasado 17 de abril, su informe: “El riesgo de proteger el medio ambiente 2025“, que registra que el año pasado fueron asesinados diez líderes, que son: Marcos Aguilar Rojas (Jalisco); Cándido Esaú Román (Jalisco) y Karina Ruiz Ocampo (Jalisco).
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Y también Aroldo Nicolás Romero (Oaxaca); Cristino Castro Perea (Oaxaca); Marcos Antonio Suástegui Muñoz (Oaxaca); Sergio Hugo Ureiro Castañeda (Guerrero); Francisco Macías Sánchez (Michoacán); Silvia Hernández Meza (Michoacán) y José Luis Lucas Quirino (Puebla).
Todos y todas líderes comunitarios, la mayoría indígenas, defensores de la tierra, el bosque y el agua de las comunidades, tierras comunales y ejidos en los que vivían.
En 2025, el Cemda reporta que, además de los diez asesinatos, hay otros 135 casos de agresiones en contra de los defensores de los derechos humanos ambientales, que son 41 casos más que en 2024, la segunda cifra más alta de los últimos 12 años.
Los principales tipos de agresión que se documentan son: estigmatización, 90 casos, dañar la imagen pública ante las comunidades; intimidación, 42 casos, para frenar la defensa del territorio; difamación, 37 casos, uso de información falsa para deslegitimar las causas.
A estas tres, que son las agresiones más frecuentes que sufren los defensores, se añaden: amenazas, 28 casos; hostigamientos, 24 casos; criminalización, 14 casos; agresión física, 11 casos.
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El Cemda registra que el 56.2% de las agresiones (76 eventos) provienen de autoridades municipales, estatales y federales; 34.5% de agresores no identificados; 9.6% de grupos del crimen organizado; 6.0% de personal de empresas privadas.
Por estados, el mayor número de eventos agresivos se da en: Ciudad de México (39); Puebla (20); Oaxaca (17) y Jalisco (8). En el 42.2% de los casos, las agresiones son en contra de las organizaciones de la sociedad civil, y en el 32.5%, a las comunidades.
Gustavo Alanís, fundador y director ejecutivo de Cemda, sostiene que, en el marco de los tratados internacionales firmados por el gobierno de México, este tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar los ataques en contra de los defensores de los derechos humanos ambientales, pero la realidad es que “aquí en México, nadie previene, nadie investiga y nadie sanciona”.
Nota: Los artículos de la sección de opinión son responsabilidad única del autor y no representan necesariamente el punto de vista de Desde la fe.
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