22 de agosto: Rezamos por las víctimas de persecución religiosa

Desde el año 2019, cada 22 de agosto la comunidad internacional participa del “Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o la Creencia”. Los Estados representados en las Naciones Unidas decidieron conmemorar tal fecha motivados por el alarmante incremento de violencia hacia las personas de fe alrededor del mundo. Hoy, aprovechamos esta ocasión para traer nuevamente a la memoria a tantas personas que han sufrido cualquier tipo de violencia por motivo de su fe.

En América Latina, el continente de la Esperanza según san Juan Pablo II, también se sufre violencia por motivos religiosos. De modo principal, recordamos a todos aquellos sacerdotes que en México han sido asesinados por las bandas criminales debido a su condición de pastores al servicio de la comunidad.

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Estos ataques contra clérigos no son un efecto colateral de la violencia general que se sufre en el país: ¡son verdaderos ataques contra la libertad religiosa!

Según la organización Open Doors International, “los cristianos que hablan abiertamente de la esperanza de Jesús frente al narcotráfico y la violencia son a menudo objetivo de las bandas para eliminar cualquier obstáculo en su búsqueda de control.”

Tal y como se recoge en el informe sobre libertad religiosa del año 2021 emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la forma de violencia que sufren los sacerdotes en México es una forma de represalia por parte de la delincuencia organizada “por su denuncia de las actividades delictivas y porque las comunidades los ven como figuras de autoridad moral.”

En palabras del padre Omar Sotelo, del Centro Católico Multimedial (CCM), los sacerdotes en México son el blanco preferido de los cárteles de la droga y del crimen organizado por su labor pastoral y su rol como agentes estabilizadores de las comunidades.

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La situación de violencia que viven a diario muchos pastores mexicanos no es novedad. Desde hace varios años México ocupa la nada honrosa mención de ser el país más peligroso del mundo para los sacerdotes. La extorsión, la profanación de templos, las amenazas a los sacerdotes, los ataques y las muertes desgraciadamente han ido en aumento en los últimos años.

Con el reciente asesinato de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, el pasado mes de junio en Chihuahua, la comunidad internacional puso una vez más sus ojos en la alarmante situación de violencia que sufren los ministros religiosos en el país.

Medios de comunicación internacionales comentaron el caso, el Papa Francisco lo condenó y la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado llamando a la paz y clamando justicia. Lamentablemente, la respuesta del presidente López Obrador a dicha situación no estuvo a la altura de lo que se espera de un líder.

Antes, en mayo de este año, fue también asesinado el padre José Guadalupe Rivas, quien dirigía un centro de atención de migrantes de la Diócesis de Tijuana.

Son siete los sacerdotes asesinados en este sexenio y cincuenta en los últimos tres sexenios. No solo es triste, sino también preocupante el número de ministros de culto que por practicar activamente su fe han sido asesinados por el crimen organizado en México.

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La violencia y el asesinato de estos líderes religiosos es perpetrada por narcotraficantes y criminales organizados, y es tolerada por la falta de respuesta del gobierno y la inexistente persecución criminal de los perpetradores.

Este nivel de impunidad no sólo es contrario a la legislación mexicana, sino también a las normas internacionales de derechos humanos. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados Miembros “deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Este estándar ha servido para condenar a los Estados Miembros en casos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Sorprendentemente, todavía no se ha aplicado en los casos de los religiosos asesinados.

Hoy, cuando la comunidad internacional conmemora a las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o la Creencia, debemos abogar para que los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos pongan este tema sobre la mesa, y exijan a las autoridades mexicanas que hagan su parte en la persecución de los crímenes contra los sacerdotes.

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En el mismo sentido, para el pleno disfrute de la libertad religiosa de todos y para conmemorar adecuadamente a las víctimas de la violencia religiosa, confiamos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aborde con prontitud este asunto. Tal como lo solicitaron recientemente varias organizaciones de derechos humanos, la CIDH debiese realizar una audiencia temática sobre la situación general de violencia que sufren los ministros de culto en la región.

No podemos terminar este artículo sin recordar también a la Iglesia Católica en Nicaragua, donde el gobierno autoritario de Daniel Ortega está oprimiendo y persiguiendo a sus líderes, incluyendo obispos, sacerdotes y comunicadores.

El pueblo fiel de Nicaragua sufre y necesita de la oración de toda la Iglesia para superar esta prueba. En este Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o la Creencia quizá lo único que podemos hacer es rezar por todos aquellos que sufren o han sufrido violencia por su fe. Esto es ciertamente lo mejor que podemos hacer.

Julio Pohl se desempeña como asesor legal para América Latina con ADF International. Como parte del equipo, monitorea la región latinoamericana y la Organización de los Estados Americanos, al tiempo que asiste a abogados aliados en litigios para proteger el derecho a la vida, la libertad religiosa y la familia.

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