Fallo de la SCJN sobre aborto, ‘peligroso y desproporcionado’: Iglesia

No es congruente -dice la CEM- que la corte ofrezca una interpretación extensiva del supuesto ‘derecho a decidir’ y, a la vez, una visión restrictiva del derecho a la vida.
Cada año el movimiento Pasos por la Vida organiza la Marcha por la Vida. Foto: Cathopic
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La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó ‘su dolor y consternación’ ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que calificó de inconstitucional la tipificación del delito de aborto ‘autoprocurado o consentido’ e invalidó los artículos que hacían referencia a ello en Código Penal del Estado de Coahuila.

En un comunicado, la Iglesia en México reconoció que la cárcel no es una solución a la problemática de la mujer que aborta y más bien puede ocasionar su revictimización.

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No obstante, lamentó que, “ante la disyuntiva de no criminalizar a la mujer que aborta y preservar la vida del concebido no nacido, la Corte haya optado por descartar al segundo, sin buscar la salvaguarda de ambos”.

“Más allá de las consecuencias jurídicas del fondo del fallo, la resolución de la Corte realiza un peligroso y desproporcionado contraste entre el contenido y límites de lo que denomina ‘derecho de la mujer a decidir’ frente a ‘la protección constitucional del nasciturus (por nacer)’”, dice el mensaje firmado por el presidente de la CEM, Rogelio Cabrera López.

El fallo de la Corte

La tipificación del delito del aborto en Coahuila –invalidado por los ministros-establecía penas de 1 a 3 años a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella.

En el mismo sentido, extendió la invalidez a la sanción establecida para el personal sanitario que asistiera a un aborto voluntario, así como a la penalización del aborto que se practique dentro de las 12 semanas de gestación en caso de violación o inseminación artificial o implantación indebida

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Una resolución incongruente

La CEM aseguró que no es congruente que, en una misma resolución, los ministros de la corte realicen una interpretación extensiva y progresiva del ‘derecho a decidir’ y, al mismo tiempo, apliquen una visión restrictiva del derecho a la vida.

No es congruente que –en una misma resolución– se lleve a cabo un ejercicio discursivo exhaustivo y una interpretación extensiva para abordar el llamado “derecho a decidir” y se aplique una visión restrictiva del derecho humano a la vida.

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Los Obispos de México también calificaron de inadmisible el análisis de los ministros que, aunque reconocen que no existe referencia constitucional o convencional expresa del llamado ‘derecho de la mujer a decidir’, “el sustrato de esta prerrogativa lo constituyen la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, la igualdad jurídica, el derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva”.

“No es admisible que el análisis conjunto de estos conceptos lleve a la conclusión de que existe un ‘derecho fundamental’ de la mujer ‘a decidir’ y que éste consiste ‘en la posibilidad de acceder libremente a un procedimiento de interrupción segura del embarazo”, al amparo de los artículos 1º y 4º Constitucionales’”.

“Si el sustrato de este denominado ‘derecho a decidir’ se encuentra en estos principios, ¿bajo qué razón lógica se le desconocen al nasciturus? ¿Qué elementos objetivos existen para restringir estos derechos al concebido no nacido y, en consecuencia, retirarle la protección del Estado?”, cuestionaron.

Un compromiso renovado

Por último, la Conferencia del Episcopado Mexicano renovó su llamado a todos los actores involucrados, para buscar soluciones que protejan tanto a las mujeres como a los niños por nacer, y anunció que en los próximos días, la Comisión Episcopal de Vida y Familia, presentará algunas propuestas y acciones.

“La materia del debate sostenido en la Suprema Corte en días pasados merece un renovado compromiso de todos los actores políticos, de la comunidad académica, de las iglesias y de las organizaciones civiles para garantizar la protección de las mujeres en toda circunstancia, gestando o no, al tiempo que se respete el derecho humano a la vida tanto de la madre como del concebido aún no nacido”.

“Elevamos nuestra oración permanente por todas aquellas personas que trabajan diariamente en la defensa de las mujeres y de los derechos del concebido no nacido, pidiendo a la Santísima Virgen de Guadalupe que interceda ante Dios para que los continúe alentando en su labor”, finalizaron

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