La Iglesia se suma al debate sobre la Ley de Seguridad Interior

En medio de un fuerte debate por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que regula la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que ahora deberá discutirse en el Senado, la Iglesia católica ha hecho pública su postura.

A través de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS-Cáritas), a cargo del obispo José Leopoldo González, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dejó en claro que México debe ponerse como objetivo tener instituciones bien capacitadas y coordinadas que velen por la seguridad interna del país, de tal manera que el ejército se dedique a atender función de seguridad nacional.

La CEPS explicó que para ello es necesario que el poder legislativo, en primer lugar, marque la ruta crítica para resolver las causas de la inseguridad, y posteriormente lleve a cabo acciones para evitar la permanencia de las fuerzas armadas en funciones policiacas y logre un consenso de todas las fuerzas políticas y sociales para establecer estructuras nacionales, estatales y municipales de seguridad eficaces y respetuosas de los derechos de todos.

Cabe mencionar que varias organizaciones, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han alertado que la Ley de Seguridad Interior contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país.

Por ello, los obispos mexicanos urgieron a la responsabilidad de todos los actores involucrados, “ya que cuanto más tarden las soluciones de fondo a la situación de violencia y de inseguridad, será más difícil avanzar hacia una auténtica paz”.

Tras recordar que en el 2010 la CEM manifestó su preocupación por los niveles de violencia en el país a través de la exhortación pastoral Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, la CEPS lamentó que las cosas no hayan mejorado desde entonces, de tal manera que ahora la preocupación es mayor, “con 174 mil homicidios dolosos, desde que el gobierno mexicano decidió lanzar su guerra contra el narcotráfico”.

Los obispos tienen claro que la escalada de la violencia ha ido en franco ascenso, aún y cuando las cifras oficiales no reflejan la situación, “pues es notorio el espectro de muerte y otras violencias no denunciadas que se ciernen sobre nuestra nación, así como el duelo prolongado que se vive en nuestras familias ante las desapariciones”.

“La violencia y la inseguridad –añade el texto publicado este martes en la página de la CEM– se han extendido a casi toda la geografía nacional, y algunas ciudades mexicanas “forman parte del elenco vergonzoso entre las más violentas del mundo”. Entre los factores que contribuyen a la violencia y a la inseguridad, destacan los obispos la corrupción, la desigualdad, el desempleo, la impunidad, la ineficaz procuración de justicia y el abandono al campo”.

En ese contexto, la CEPS hace un llamado a realizar acciones concretas, entre ellas, hacer una reorientación profunda de los Centros de Readaptación Social, que siguen teniendo resultados contraproducentes y con reiteradas violaciones a derechos. “Unido a esto está el tema de la corrupción en los ministerios públicos, cuya actuación dista mucho de responder a la necesidad social de procuración de justicia”.

También pide al Estado intervenir con eficacia ante las dinámicas de violencia que se han desatado en el país, atendiendo sus causas y factores de riesgo: “Un aspecto que requiere ser atendido de fondo es la corrupción pública que ha favorecido a las organizaciones criminales y a sus acciones ilegales y violentas”, señala el texto.

De igual forma, CEPS considera necesario “promover una mayor responsabilidad ciudadana en este tema, tanto contribuyendo directamente a través de acciones desde los diferentes ámbitos de la sociedad, como urgiendo a los gobiernos para que asuman sus propias responsabilidades. En este sentido, lamenta que la sociedad civil se encuentre fragmentada y dispersa, y no tenga la capacidad de incidir lo suficiente para canalizar los esfuerzos hacia procesos que contribuyan a la construcción de la paz y la cohesión social.

Finalmente, el organismo episcopal hace un llamado a que, como sociedad, se trabaje para educar para la paz, la justicia, la conciencia ética, y para vivir en un Estado de derecho y una verdadera cohesión social.

Al respecto, los obispos cuestionaron si es válida una Reforma Educativa que no llega a resolver la necesidad real de promoción de los valores y la cultura de cada pueblo; “porque perdemos identidad cuando buscamos uniformidad, sobre todo si no hay un proyecto claro de nación como punto de llegada de la educación”.