Opinión

Defendamos el derecho a la objeción de conciencia

El rechazo a participar en la ejecución de una injusticia no sólo es un deber moral, sino también un derecho humano fundamental. Si no fuera así, se obligaría a la persona humana a realizar una acción intrínsecamente incompatible con su dignidad y, de este modo, su libre albedrío, cuyo sentido y fin auténticos residen en su orientación a la verdad y al bien; de lo contrario quedaría radicalmente comprometido.

De acuerdo con la Encíclica Evangelium Vitae, de San Juan Pablo II, “el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no sólo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia.”

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La discusión sobre la objeción de conciencia no es nueva, en distintos momentos de nuestra vida ha estado presente, y en muchos de ellos se ha cuestionado si es tiempo de discutirlo, dando paso a que en gran medida la intolerancia disfrazada de progreso y una supuesta defensa de derechos “de vanguardia” vulnere la libertad de conciencia.

Hay que recordar que el mayor acto de violencia que se puede vivir en una sociedad es el de decidir quién nace y quien no; mientras que el mayor acto de autoritarismo es imponer en que creer y en que cosas no, por lo que hoy en día nuevamente nos enfrentamos a ellos.

Hoy más que nunca cobra vigencia el llamado que nos hizo el papa emérito Benedicto XVI “Defendamos el derecho a la objeción de conciencia de los individuos y las instituciones, promoviendo la libertad y el respeto de todos”.

Invitación que cobra relevancia con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a reconocer la validez del derecho a la objeción de conciencia del personal médico, dejando claro que es obligación del Gobierno respetar el derecho de los médicos y enfermeras de negarse a realizar algún procedimiento como el aborto o la eutanasia, pues éste es un deber del Estado, y no de los particulares que tienen derecho a pensar distinto.

La decisión anterior pone fin a esa falsa idea en la que hay derechos que están por encima de otros; también pone fin a esa idea en la que aquellos que reconocemos la vida y su protección desde la concepción estamos en segundo nivel.

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Tenemos una oportunidad de luchar, de levantar la voz para que no sea la única visión de quienes quieren imponer su punto de vista en contra de nuestras convicciones fundamentales; el falso dilema al que pretenden reducir la discusión entre los principios y criterios doctrinales del personal objetor de conciencia y el mundo secular, tiene una alternativa, como ya resolvió nuestro tribunal constitucional.

La objeción de conciencia es un derecho esencial que, como tal, debería estar previsto y protegido por la misma ley civil; y quien recurre a ella, debe estar a salvo no sólo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano legal, disciplinar, económico y profesional. Pues con ello garantizamos el libre albedrío de las personas.

No es la primera vez en la historia de la humanidad ni de nuestro país que se busca castigar desde la intolerancia a quien piensa diferente, y desde el poder o una mayoría pretenden imponer una visión que además, por más que se niegue, no mira de manera integral a toda la sociedad.

¿Que argumento sería válido para explicarle a un médico, a una doctora, que no tiene derecho a tener creencia y conciencia propia?

¿Cómo justificar que aunque tenga la convicción de cumplir con el juramento hipocrático que a la letra dice: “Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura”, no tiene derecho a cumplirlo.

Como bien expresó el Papa Francisco: “Hoy está de moda pensar que tal vez sería una buena idea abolir la objeción de conciencia. Pero esta es la intimidad ética de todo profesional de la salud, y esto nunca debe negociarse; es la responsabilidad última de los profesionales de la salud. También significa denunciar las injusticias cometidas contra la vida inocente e indefensa.”

Es por eso que, fiel a mis convicciones, propuse en el Congreso de la Ciudad una reforma para que sea el Estado el obligado a garantizar la libertad de creencia de una doctora, un enfermero o cualquier personal médico que se niegue a realizar cualquier procedimiento en razón de sus creencias.

La respuesta en automático fue violenta por parte del grupo mayoritario, descalificando una propuesta de reforma que lo único que busca es el mismo reconocimiento para el personal objetor de conciencia.

Nuevamente la sombra de la intolerancia de quienes buscan imponer una sola visión de estado; hubo reacciones en contra de una reforma con la que buscamos se logre un equilibrio entre diferentes puntos de vista y que reconozca nuestra libertad de creencia, nuestra convicción a creer en la vida desde la concepción, su respeto y su procuración, por eso hay que estar unidos, en oración y levantar la voz.

Gabriela Salido es diputada por el PAN en el Congreso de la Ciudad de México.