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En México los medios de comunicación hablan con frecuencia del desplazamiento de migrantes centroamericanos a causa de la violencia en sus países, pero poco se dice de los desplazados internos, por esa misma razón. Todas las estadísticas, también las oficiales, muestran que los tres primeros años del sexenio del presidente López Obrador son los más violentos en por lo menos los últimos 30 ó 40 años. Más de 36 mil homicidios dolosos por año. En ese marco ocurren el desplazamiento interno. Alberto Padilla, de Animal Político, con base a un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), muestra la gravedad de esta realidad en nuestro país. En 2021, 44 mil 905 personas tuvieron que dejar su lugar de vivienda en forma forzada. Representa un incremento del 360 % con relación al año anterior. Solo en los meses de noviembre y diciembre pasados fueron expulsadas de su región más de 7 mil personas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. Los datos que elabora la CMDPDH, dice Padilla, es a través de la información que publican los medios de comunicación y es a nivel nacional el único indicador que mide el fenómeno del desplazamiento forzado. No existe un censo oficial. El Senado desde hace un año tiene paralizada la Ley de Desplazamiento Forzado, que de aprobarse daría recursos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Para que esta se hiciera también cargo de las familias mexicanas desplazadas de sus lugares por la violencia que ahora impera en diversas regiones del país. El gobierno federal dice reconocer el problema, pero no hace nada para enfrentarlo. Ante esta realidad, el pasado 11 de noviembre, representantes de comunidades de todo el país, que sufren desplazamiento forzado, y 20 organizaciones de la sociedad civil anunciaron una alianza nacional para visibilizar el problema, exigir sea reconocido y se atienda a las víctimas. En el último boletín de la CMDPDH, dado a conocer la semana pasada, registra, entre otros casos, que 800 familias de Chinicuila, Michoacán, tuvieron que huir, también lo hicieron las autoridades municipales por los enfrentamientos entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. Y que, en noviembre y diciembre pasado, en Valparaíso, Zacatecas, se registró el desplazamiento de 181 familias, más de 1000 personas, que tuvieron que dejar el lugar ante los enfrentamientos entre grupos criminales rivales, que extorsionan y se apoderan de los bienes de la población local. El boletín menciona un caso en Chiapas donde 3000 personas tuvieron que dejar sus localidades y refugiarse en el municipio de Aldama después de varios ataques armados. En ese estado hay otros eventos similares. También se dan en Guerrero y Chihuahua. Las decenas de miles de desplazados por la violencia del crimen organizado o la diputa por tierras están ahí. El gobierno federal con su estrategia de seguridad, con base a “abrazos y no balazos”, no hace nada. Tampoco los gobiernos estatales. El problema día con día crece. Lo único predecible es que, a lo largo de este año, como ya ocurrió en diciembre pasado, la violencia crezca y con ella el número de los homicidios dolosos, que genera, a su vez, espacios de disputa entre los criminales que obliga a las personas a dejar sus comunidades. ¿Hasta cuándo? Twitter: @RubenAguilar Rubén Aguilar Valenzuela es profesor universitario y analista político. Más del autor: El asesinato del jesuita Juan del Valle Los textos de nuestra sección de opinión son responsabilidad del autor y no necesariamente representan el punto de vista de Desde la fe.

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