Violencia electoral y protección a candidatos
La violencia electoral es un tema de investigación creciente en el ámbito de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil
El pasado viernes 22 de marzo eran ya 83 las solicitudes de protección personal de candidatas y candidatos a puestos de elección popular a nivel federal, y de ellos el INE aprobó que a 74 se les diera seguridad.
La presidente del órgano electoral, Guadalupe Taddei, señala que cuando llega una solicitud de protección, la mesa de seguridad tiene 48 hora para analizar el caso y determinar el nivel de seguridad que se otorga a cada candidato o candidata.
Del 4 de junio de 2023 al 19 de maro de 2024, la organización Laboratorio Electoral había registrado 125 casos de violencia relacionados con el proceso electoral a nivel local y federal.
Las personas asesinadas suman 46, 40 hombres (72%) y seis mujeres (28%). De ellas, 24 aspiraban a una candidatura a un puesto de elección popular.
A lo largo de este mismo tiempo han ocurrido 19 atentados de asesinato que no se logró consumar, 54 amenazas y seis secuestros.
Esta organización y otras registran que entre 2022 y 2023 aumentó de manera significativa las amenazas y ataque directos a las familias de las y los candidatos.
De 2018 a marzo de 2024, el proyecto Votar entre Balas de la organización Data Cívica registra 1709 actos de violencia que incluye asesinatos, ataques y amenazas.
En ese periodo los estados con el mayor número de casos son: Guerrero 195); Guanajuato (175); Veracruz (165); Oaxaca (118) Jalisco (97) y Morelos (96).
Del 1 de enero al 22 de marzo de 2024 eran ya 26 los políticos asesinados y más de la mitad de ellos precandidatos y candidatos.
En lo que va de este año los estados que concentrar la mayor violencia electoral son: Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Colima, Estado de México y Zacatecas.
Están también Morelos, Veracruz, Baja California, Michoacán, Chiapas, Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco.
Del seguimiento de los casos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, pero también de las procuradurías de los estados, se puede prefigura un primer mapa de riesgo electoral.
La presidenta del INE sostiene que la institución a su cargo no ha elaborado un mapa de riesgo electoral porque esta no es una tarea que le corresponda.
Hay académicos, líderes de organizaciones de la sociedad civil y políticos de la oposición que sostienen que esta sí es una responsabilidad del INE.
La elaboración del mapa de riesgo electoral debería ser una prioridad del Estado mexicano, pero hasta ahora nadie se hace responsable de él.
En medio de este vacío, el asesinato de candidatas y candidatos habrá de continuar. Al término de este proceso serán organizaciones de la sociedad civil, no el gobierno, quienes van a ofrecer un análisis preciso de lo que ocurrió.
La violencia electoral es un tema de investigación creciente en el ámbito de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil ante el incremento exponencial de la misma.
