La Reforma Electoral del plan B
Analistas y constitucionalistas advierten que algunas propuestas podrían contravenir la Constitución y anticipan un nuevo conflicto que podría terminar en la Suprema Corte.
Después del rechazo de su reforma electoral, que exigía cambios a la Constitución, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció, como ya lo había hecho previamente, el envío a la Cámara de Diputados, de su Plan B éste lunes 16 de marzo.
De lo dicho por la presidenta y también por Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, la propuesta incluye: un tope máximo al presupuesto de los congresos locales y del Senado, la reducción del número de regidores en los ayuntamientos. Y también las consultas populares para incluir temas electorales —como el financiamiento a partidos— y adelantar la revocación de mandato al tercer año de gobierno, para que la presidenta esté en las boletas en la elección de 2027.
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Se ha adelantado que estas propuestas no se serían reformas a las leyes secundarias sino que se presentarán como reformas constitucionales, en el supuesto que en esta ocasión el PT y el PVEM, votarán junto con Morena.
Especialistas y académicos alertan que el Plan B pretende burlar la Constitución e intentar someter a consulta popular materias explícitamente prohibidas por el Artículo 35, como las reglas de votación y el financiamiento partidista.
Analistas políticos, ven que el Plan B de la presidenta es una “revancha política” diseñada para exhibir a los opositores y aliados que no votaron a favor de su propuesta anterior.
Diversos constitucionalistas sostienen que la propuesta es anticonstitucional, y que el conflicto puede terminar en manos de una SCJN de cuya independencia se duda tras las recientes reformas judiciales.
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Hoy mismo, de no haber una sorpresa, nos vamos a enterar del contenido preciso del Plan B, y saber si la propuesta violenta o no a la Constitución. La presidenta, mediante la secretaria de Gobernación, Rosa
Icela Rodríguez, busca reconstruir la alianza con el PT y el PVEM, a través de mesas de trabajo y una “oferta generosa” para sanar las heridas que provocó su rechazo a la reforma electoral.
Cualquier que sea el contenido del Plan B lo que se espera es que Morena, que tiene mayoría en todas las comisiones de la Cámara de Diputados, por la vía del “fast-track” apruebe todas las leyes propuestas, para que lo más pronto se vayan al pleno.
En éste escenario, lo que queda a la oposición es intentar que no se logre la mayoría calificada y en caso de que si se de, realizar la impugnación ante las instancias judiciales por violaciones a la Constitución.
A los académicos y organizaciones ciudadanas, le toca denunciar los retrocesos democráticos y el riesgo de transitar hacia un régimen de partido único, y dar un paso más a la construcción de una dictadura constitucional.
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