Desapariciones forzadas

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Desapariciones forzadas

“La impunidad es la regla y mientras no haya justicia a todos los niveles la desaparición continuará. Es urgente revertir la impunidad y fortalecer la prevención y la justicia”, se dice en su informe Desaparición de personas en México, que se realizó a petición de las familias de las víctimas.

18 mayo, 2026
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Rubén Aguilar Valenzuela es profesor universitario y analista político. 

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“Las desapariciones forzadas en México persisten y es un fenómeno masivo, generalizado y perpetrado principalmente por el crimen organizado, con participación o connivencia de agentes estatales”, asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y también señala que “la impunidad es la regla y mientras no haya justicia a todos los niveles la desaparición continuará. Es urgente revertir la impunidad y fortalecer la prevención y la justicia”, se dice en su informe Desaparición de personas en México, que se realizó a petición de las familias de las víctimas.

En la investigación de la CIDH, sostiene que hasta julio de 2025, en el país había 128 000 personas desaparecidas y más de 70 000 cuerpos sin identificar, lo que coincide con distintas fuentes nacionales.

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Tania Reneaum, secretaria ejecutiva del organismo, plantea que el informe “nace del dolor, de la persistencia de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil y también de una convicción institucional de que la desaparición en cualquiera de sus formas es una de las violaciones más graves a la dignidad humana y una herida abierta para las familias y para la sociedad”.

En la presentación del informe estuvieron algunos de los colectivos de madres buscadoras, y Bibiana Mebdiza, del Colectivo Hasta Encontrarlos, dijo que “el gobierno federal nunca ha abierto las puertas, a pesar de que le hemos venido a tocar en múltiples ocasiones” y que los funcionarios se han cerrado al diálogo con las organizaciones de madres buscadoras.

Los funcionarios del gobierno presentes en la entrega del informe fueron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa.

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El primero dijo que “el diálogo constructivo es la vía adecuada para enfrentar desafíos como la desaparición de personas”, y el segundo, “que por ninguna circunstancia se niega ni se minimiza el dolor de las personas y de las familias afectadas”.

Ambos funcionarios dijeron que el gobierno de México reconoce el trabajo y el compromiso de la CIDH y que “solo en un marco de cooperación genuino vamos a poder avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia”.

Hasta ahora no hay ningún dato que señale, de parte del gobierno, un programa nuevo y distinto que ofrezca reales resultados para reducir el número de las desapariciones forzadas, y tampoco nada que señale que hay una política que vaya en línea con abatir la impunidad.

La reacción del gobierno, en particular de la presidenta, fue negar, a pesar de la evidencia abrumadora, que en México exista la práctica sistemática de las desapariciones forzadas. Lo que especialistas, y también colectivos de madres buscadoras, ven hacia el futuro es que, al final del sexenio, el problema será todavía mayor.

Nota: Los artículos de la sección de opinión son responsabilidad única del autor y no representan necesariamente el punto de vista de Desde la fe.

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Autor

Rubén Aguilar Valenzuela es profesor universitario y analista político.