Opinión

Lo que no nos gusta de la Guardia Nacional

En medio de acusaciones y rechazo de los partidos de oposición, el pleno de Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, que tendrá una dirección civil y una Junta de Jefes de Estado Mayor, integrada por los secretarios de Seguridad, Defensa Nacional y Marina-Armada de México.

Los legisladores también avalaron la reforma a 13 artículos constitucionales en lo particular con 348 votos a favor, 108 en contra y 10 abstenciones, mientras que en lo general se aprobó con 362 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones.

Pero esta ley todavía no puede ponerse en marcha. Por tratarse de una reforma que modifica 13 artículos de la Constitución Política y, por ende, afecta también a las entidades, se requiere antes el aval de la Cámara de Senadores y después, la aprobación de al menos 17 congresos estatales.

También, el dictamen aprobado contempla la creación de tres leyes secundarias que son vitales para que la nueva fuerza opere correctamente. Las tres leyes son la Ley de la Guardia Nacional, Uso Legítimo de la Fuerza y el Registro Nacional de Detenciones; las dos últimas son aplicables a todas las corporaciones federales.

La función de la Guardia Nacional es la salvaguarda de la vida, libertad, integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y los recursos de la nación.

La aprobación de este dictamen puede sufrir cambios cuando sea analizado por la Cámara de Senadores, sobretodo en cuanto a la estructura de la Guardia que es un híbrido, pues hay un mando civil en lo administrativo y militar en lo operativo. Sobre esto, se tendrá que definir de manera correcta y ver los alcances y la conveniencia de que sea un mando civil y no militar. Así mismo se mantiene la disciplina militar de los integrantes de la Guardia e incluso si cometen delitos y en cuanto al reclutamiento y capacitación será de corte militar para los nuevos miembros que serán 50,000 en total.

También se deben definir los alcances y los escenarios de hasta dónde, que no es lo deseable, la Guardia puede investigar delitos en lo general, pues puede ser una puerta para las detenciones arbitrarias, además puede prestarse a retenciones en establecimientos militares, o en cuanto a la puesta a disposición de personas detenidas. Tampoco hay una rendición de cuentas, sólo de evaluación, lo que puede impedir la transparencia de sus acciones.

Ojalá se puedan corregir estos temas en el curso de la redacción y aprobación de dichas leyes y escuchando a la sociedad y a quienes han sido víctimas de las arbitrariedades de los cuerpos militares. Solo así se puede llevar a buen puerto una ley que garantice la seguridad de la población y sus derechos humanos, disminuir los abusos y el mal uso de la fuerza contra los habitantes y dar certeza de que no se prestará a casos de corrupción, como el hecho de inflar los números de acciones o detenciones sólo por satisfacer en las estadísticas al gobierno federal o gobiernos locales.

Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión, y no necesariamente representa el punto de vista de Desde la fe. 

*El autor es Director de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de México.

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