Solo la verdad os (nos) hará libres

En un país donde las fosas clandestinas siguen multiplicándose, donde miles de familias buscan a sus desaparecidos enfrentándose a la burocracia y a promesas vacías y donde la corrupción se ha convertido en una verdad constante, los mexicanos tenemos el derecho inalienable a conocer la verdad, no, no se trata de un capricho es una exigencia democrática.

El gobierno y las autoridades no pueden seguir mintiendo, ocultando información o hablando lo poco que les conviene. La opacidad no es gobernanza; es traición a la nación; y actualmente el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, en Sinaloa, ilustra con crudeza la terrible crisis a la que hemos llegado.

Lo he mencionado en participaciones pasadas, desde hace años, México vive una crisis que ha sido negada constantemente por las instituciones gubernamentales; el narcoterrorismo ha capturado territorios enteros, incluyendo estados. Los cárteles no solo trafican droga; imponen ley, cobran impuestos e incluso deciden quién gobierna y hasta quien vive.

Las imputaciones hacia Rocha Moya no son menores ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, lo vincula, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, con el Cártel de Sinaloa, específicamente con “Los Chapitos”. Se habla de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, narcoterrorismo y hasta delitos electorales. Acusaciones que, de ser ciertas, confirmarían lo que muchos afirmaban desde hace tiempo, que el poder político y el narco no solo coexisten, sino que incluso en regiones trabajan como uno mismo. Habrá que estar al pendiente de la situación de Baja California, Sonora, Tamaulipas y Michoacán.

Lo significativo y alarmante es que hasta el momento de la redacción de esta participación, 4 de mayo, la FGR no ha emitido un comunicado concluyente sobre el fondo del asunto; ha pedido más documentos a Washington y ha descartado detenciones inmediatas. ¿Eso es investigar o ganar tiempo? Para muchos analistas y ciudadanos, esto podría terminar en un posible encubrimiento institucional, porque si las acusaciones fueran infundadas, ¿por qué no transparentar de inmediato las evidencias que lo demuestren?

El narcoterrorismo no opera en el vacío; necesita complicidades políticas, y cuando esas complicidades salen a la luz gracias a la presión extranjera (porque en México rara vez lo hacen por iniciativa propia), la respuesta federal es guardar silencio. Mientras tanto, las madres de desaparecidos en Sinaloa siguen marchando, los homicidios no cesan y la ciudadanía se pregunta: ¿a quién protegen realmente las autoridades?

Los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad completa: ¿hubo pactos? ¿Hubo financiamiento ilícito en campañas? ¿Cuántos desaparecidos y homicidios en Sinaloa están ligados a estas redes? No basta con decir “se investigará”. Queremos cero impunidad.

La opacidad alimenta la desconfianza. Cuando el gobierno miente, o esconde la verdad, erosiona la poca fe que queda en las instituciones. El caso Rocha Moya no es solo sobre un gobernador; es sobre el derecho colectivo a la verdad, porque la verdad no debería ser negociable.

Nota: Los artículos de la sección de opinión son responsabilidad única del autor y no representan necesariamente el punto de vista de Desde la fe.