Abuso escandaloso e inmoral
¡Sólo esto nos faltaba! En medio de un panorama de incertidumbre e inflación, con bajo crecimiento de la economía nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado a conocer el presupuesto que los partidos políticos estarán gozando para el proceso electoral 2017-2018, bajo el eufemístico nombre de financiamiento público. El proyecto de presupuesto aprobado por […]
¡Sólo esto nos faltaba! En medio de un panorama de incertidumbre e inflación, con bajo crecimiento de la economía nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado a conocer el presupuesto que los partidos políticos estarán gozando para el proceso electoral 2017-2018, bajo el eufemístico nombre de financiamiento público.
El proyecto de presupuesto aprobado por el INE es a todas luces desorbitado: 6 mil 778 millones de pesos para el financiamiento de partidos y candidatos independientes, el cual hace palidecer a otros presupuestos otorgados en el pasado.
Y si a esto le sumamos que las disposiciones electorales dan otra tajada millonaria a nivel local, entregada por los Organismos Públicos Locales a los partidos, vienen a sumar casi 13 mil millones de pesos en 2018. ¿Por qué se asigna ese altísimo presupuesto? A decir de los consejeros electorales, es “dinero limpio” para propiciar condiciones de equidad y autonomía de la política frente a los intereses privados o eventualmente ilegales.
El INE explica que este “presupuesto histórico” ha sido otorgado bajo criterios normados por la Ley General de Partidos Políticos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una desafortunada fórmula que garantiza recursos millonarios, en una mañosa treta legal que pone en duda la naturaleza y espíritu de la Reforma Electoral, la cual prometía una democracia más barata y efectiva, de cara a la gente, y con más sujeción a los partidos políticos, por cierto, cada vez más desacreditados y en los peores niveles de confianza ciudadana.
Pero la realidad es que este “dinero limpio”, como lo califica el INE, es superior a otros rubros del presupuesto aprobados en 2017, particularmente en programas de desarrollo donde, por ejemplo, el fomento a la economía social ha sufrido progresivos recortes, hasta llegar a casi tres mil millones para el año que transcurre, o bien, el programa de empleo temporal de la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que fue muy castigado al ser asignados sólo 723 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2017. Y es que a estos rubros no les beneficia ninguna fórmula legal.
La aprobación de los recursos para partidos políticos está ahora en manos de la Cámara de Diputados. Desde luego puede preverse lo previsible. Podrán reasignar todo el presupuesto de otros ramos necesarios para el desarrollo de los mexicanos, pero jamás tocarán, ni con el pétalo de una rosa, la inmoral e insultante tajada a la partidocracia. Esto demuestra cómo la cínica Reforma Electoral sólo fue bondadosa en apariencia, pues en la realidad creó complejas fórmulas que sólo están engordando a la clase política sin racionalidad económica, creadas a modo, facciosas y fraudulentas, que mantienen a nueve institutos políticos con padrones inflados, cuyo mayor interés por sus afiliados es el voto sin pretensiones de desarrollo de la vida democrática.
La demanda es evidente. Si bien la asignación se hizo por fórmula legal, esto no le quita lo inmoral. Los diputados tienen ahora la oportunidad de salvar su diezmada fama reasignando los recursos a lo que realmente es más importante para la vida del país. Primero está el bienestar de millones de mexicanos y, al último, las ambiciones de camarillas que quieren asirse del poder. Son barriles sin fondo, no tienen llenadera. De no cambiar las cosas, no habrá dinero que les alcance, y tampoco evitarán la infiltración del dinero sucio como consecuencia de la impunidad y la corrupción que nos carcome como país. Es hora de que la sociedad civil ponga un límite a este escandaloso, inmoral e injusto abuso de los partidos políticos.