La presidenta, el SAT y las OSC
La nueva normativa pone en riesgo la continuidad de proyectos sociales fundamentales en ámbitos como la defensa de los derechos humanos, la educación, la salud, atención a la infancia, el desarrollo comunitario, la participación ciudadana y otros muchos rubros
De la franca guerra, que al inicio de su gobierno, comienza el presidente Andrés López Obrador (2018-2024), en contra de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), y continuidad su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030), la última carga de metralla ha estado a cargo del Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la SHCP.
El SAT, decidió suspender a más de 100 de las OSC, como donatarias autorizadas, en una acción claramente política en línea de complicar sus finanzas, siempre en la búsqueda de tratar de que estas desaparezcan. No las quieren, las asumen como enemigas y no las ven como potenciales aliadas, que es lo que son.
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La presidenta, de manera mentirosa, como acostumbra a articular sus intervenciones en la comparecencia mañanera de todos los días, dijo que la “cancelación de permisos a los ONG, es una decisión técnica”, y que esas decisiones no pasan por aprobación presidencial.
Es público, dentro y fuera del gobierno, que eso no es cierto, y que hay una guerra, por razones políticas, en contra de las OSC. El motivo que esgrime el SAT para revocar la autorización de donatarias es “porque no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos conforme a las disposiciones legales vigentes”.
Y niega, contra toda evidencia, que se persiga a las OSC que critican al gobierno, y sostiene, que estas perdieron su registro por incumplimiento a los requisitos legales. Y sostiene que el caso está abierto para que las OSC tengan audiencia con la dependencia, y si corrigen su situación, puedan volver a obtener el registro.
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En un comunicado 37 de las OSC afectadas plantean que “reconociendo plenamente la importancia de los obligaciones fiscales, advertimos que diversas medidas que recientemente se han aplicado para el cumplimiento del marco regulatorio ha generado un entorno de incertidumbre jurídica, caracterizada por criterios restrictivos, cargas administrativas excesivas y procesos que en la práctica dificultan la operación cotidiana”.
Y agregan que la nueva normativa pone en riesgo la continuidad de proyectos sociales fundamentales en ámbitos como la defensa de los derechos humanos, la educación, la salud, atención a la infancia, el desarrollo comunitario, la participación ciudadana y otros muchos rubros. Y solicitan mesas de dialogo con el SAT, para acordar un marco regulatorio que brinde certeza, proporcionalidad y viabilidad operativa.
Amnistía Internacional (AI), al conocer la decisión del gobierno de la presidenta Sheinbaum, dijo que se trataba de un golpe directo a su capacidad de operar y de apoyar a la gente. Lo que significa en la práctica es “menos recursos para la defensa de los derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a violencia de genero y protección de territorios indígenas. El debate real no es control contra libertad, es ¿queremos un país donde nadie vigile al poder?”.
En las próximas semanas vamos a conocer si el SAT, después de que las OSC muestren que sí cumplen con la ley, les vuelvan a dar el carácter de donatarias, o ya quedan suspendidas mientras duren los gobiernos de Morena, que desde que llegaron al poder se han propuesto, de muy distintas maneras, acabar con las OSC, en primer lugar con las que son críticas al gobierno.
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