Morena quiere perpetuarse en el poder
Académicos y juristas advierten que, detrás del discurso oficial, se esconde un intento por debilitar instituciones, reducir contrapesos y asegurar la permanencia política del oficialismo.
El objetivo de la reforma electoral, en la versión de 2023, que impulsó el presidente López Obrador (2018-2024), que la SCJN declaró inconstitucional, y las dos últimas, diseñadas por él e impulsadas por la presidenta Sheinbaum Pardo (2024-2030), es que Morena se perpetúe en el poder.
La primera propuesta que días atrás envió la presidenta no pudo aprobarse por el rechazo de los partidos aliados, el PT y el PVEM, y ahora el Plan B, que también implica cambios a la Constitución, al parecer sí será aprobado con el voto de estos mismos partidos.
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El pasado 12 de marzo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM organizó un encuentro con especialistas para analizar las propuestas del último plan enviado por la presidenta, y el consenso general es que se trata de iniciativas de ley que proponen que Morena se perpetúe en el poder.
Los especialistas coinciden en señalar que se trata de una propuesta “poco seria” que muestra con claridad que no existe un análisis para argumentar la necesidad de la reforma y que su redacción no es la propia de conocedores del tema, resulta ambigua y se presta a incertidumbres.
Hay también acuerdo en señalar que, al decidirse todo desde la Presidencia de la República y el partido en el poder, lo que ocurre es que se impone un nuevo tipo de cacicazgo y que se está ante una propuesta “altamente anticonstitucional” que violenta el ámbito de decisión de estados y municipios.
Subrayan la gravedad de que se modifique el artículo 35 de la Constitución, que impide las consultas populares en el ámbito electoral, ya que esto abre el espacio no solo a la regresión democrática, sino también al autoritarismo desde la Presidencia de la República.
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La propuesta presidencial, plantean los especialistas, busca acaparar el poder destruyendo instituciones, reduciendo los espacios de participación y acotando la representación de las minorías, para solo hacer valer a la mayoría de Morena y sus aliados.
De manera particular, el jurista Diego Valadés considera que la propuesta lleva al país hasta 1910 y que a esta se quiere “pintar” de democrática y como una “demanda del pueblo”, pero no hay nada de eso, y es exactamente lo contrario.
En su versión, “hay una ofensiva retórica, sistemática, desde la máxima tribuna, que ya no es el Congreso, sino la mañanera, acosando y acusando a los partidos. Sin partidos no hay democracia. Está mermando sus capacidades de operación; lo que hace es limitar la opción real de la democracia”.
Y Leonardo Valdés, que fuera presidente del INE, exigió a la presidenta que haga públicas las verdaderas razones de su reforma electoral, y el académico Luis Eduardo Medina planteó que la presidenta debe dejar atrás la falsa “narrativa del ahorro económico”, que encubre su propósito de concentrar el poder.
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