Crece la persecución religiosa en Nicaragua

La semana pasada comentamos en estas mismas páginas que el 6 de agosto había sido detenido en arresto domiciliario, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez (55), con otras personas, por la dictadura que encabeza Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua.

Se decía también que días antes, el 1 de agosto, el régimen había cerrado seis estaciones de radio administradas por la diócesis, en el afán de acallar a las voces libres e independientes que cada día son menos.

En el mismo artículo se planteaba la posibilidad de que en los próximos meses fueran cerradas más obras de la Iglesia y que hubiera más obispos, sacerdotes y religiosos encarcelados. Los tiempos se adelantaron y eso ya pasó.

El viernes 19 de agosto, la Policía Nacional, entre las 2.00 y 3.00 de la madrugada, por la fuerza entró a la casa del obispo en Matagalpa y se lo llevó preso, junto con los sacerdotes, seminaristas y un laico que con él estaban en prisión domiciliaria.

Los sacerdotes son José Luis Díaz, Sadiel Eugarrios y Ramiro Tijerino; los seminaristas, Darwin Leyva, Melkin Sequeira y el diácono Raúl González y el camarógrafo laico Sergio Cárdenas. Son ya diez los sacerdotes y seminaristas arrestados en las últimas semanas.

En muy evidente que en la Nicaragua de hoy, la Iglesia Católica es la única voz independiente que todavía tiene algún espacio, para decir y hacer oír su palabra. Eso es lo que la dictadura quiere callar.

Ante el arresto del obispo, la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos en América Central y el Caribe señaló: “La detención del obispo de Matagalpa, como represalia por sus denuncias públicas de violaciones de derechos humanos (…) suprimiría una de las últimas voces críticas en el país”.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos de Nicaragua piensan que la dictadura va acusar al obispo y a quienes lo acompañaban de pretender derrocar al gobierno y promover la violencia.

Dicen que no hay ningún elemento, para sostener la acusación, pero desde 2018, cuando Ortega y Murillo, se reeligen de manera ilegal, inician el ataque frontal contra integrantes de la jerarquía eclesial bajo la acusación de “terroristas”.

El 20 de agosto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se pronunció sobre la situación: “En unidad con la Iglesia universal alzamos nuestra voz como han hecho otras Conferencias Episcopales de Latinoamérica y del resto del mundo, para exigir la inmediata liberación de Monseñor Álvarez  y de sus colaboradores”.

Hasta ahora la estrategia de la Conferencia del Episcopado de Nicaragua (CEN) y la del Vaticano ha sido la de no hacer declaraciones públicas en contra de la dictadura. En la medida que radicaliza la persecución, crece el número de quienes piden al papa Francisco asumir una posición más firme en defensa del pueblo nicaragüense y su libertad religiosa.

Ante estos reclamos, el 20 de agosto, el secretario del Pontificio Consejo para América Latina dijo: “El silencio del Papa no significa inactividad o falta de decisión, no, nada de eso, significa que se está trabajando en otros planos” y añade que la operación “diplomática discreta” está a cargo del arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, y otras personas.

El Cardenal Brenes en diversas ocasiones ha sido señalado por organizaciones defensoras de los derechos humanos y estudiosos de la relación entre el gobierno y la iglesia en Nicaragua de mantener una posición “tibia” frente a la represión de la dictadura.

Algunos años viví en Nicaragua y me mantengo en estrecho contacto con académicos, políticos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y también con personas ligadas a la Iglesia. Ellas, como yo, piensan que la estrategia que ha seguido la CEN y el Vaticano y no se pude sostener y ante la gravedad de los hechos debe ser replanteada.

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