Otro país, desde las legislaturas

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Son deprimentes algunas escenas que transmiten los medios informativos de las sesiones en las Cámaras de Senadores y Diputados federales y estatales. Algunos se ufanan de las vulgaridades que dicen, con un lenguaje no sólo ofensivo, sino lépero y vulgar. Uno se pregunta cómo llegaron a ese lugar tan importante. No saben dialogar; es decir, no saben escuchar, atender razones de los contrarios, valorar las opiniones diferentes, sino sólo atropellar, ofender e intentar imponerse a como dé lugar.

Es muy preocupante que la mayoría de los legisladores son creyentes de diferentes opciones cristianas y muchos católicos, y esto no se refleja en su vida y en el ejercicio de su cargo. Piden el bautismo y otros sacramentos para su familia; pero su fe no se manifiesta en las propuestas que hacen, en su estilo de discutir, en sus votaciones. A algunos les importa más seguir los dictados del gran jefe nacional, que analizar seriamente sus arranques mañaneros. Quieren hacer méritos ante el partido mayoritario para seguir ascendiendo, y no exponerse a que los discriminen por sus creencias.

He participado en muchísimas reuniones en diferentes niveles, desde parroquia, decanato, zona pastoral, diócesis, seminario diocesano, provincia eclesiástica, conferencia episcopal, un sínodo mundial, un sínodo americano y dos conferencias generales del episcopado latinoamericano y caribeño, en algunas ocasiones con más de 250 participantes. Hemos aprendido a proponer, a defender puntos de vista, pero también a escuchar y valorar opiniones divergentes, a cambiar de opinión, a respetar límites en las intervenciones verbales. A veces se nos permitía hablar hasta ocho minutos; otras veces, cinco; y otras, tres o un minuto; y si intentas seguir hablando, te cortan el sonido del micrófono y debes sentarte. La verborrea y la terquedad no son signo de sabiduría y prudencia.

Pensar

La Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces presidida por el Cardenal Joseph Ratzinger, el 24 de noviembre de 2002, emitió una Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Comparto algunos párrafos, que pueden orientar a los legisladores católicos:

“No es posible callar sobre los graves peligros hacia los que algunas tendencias culturales tratan de orientar las legislaciones y, por consiguiente, los comportamientos de las futuras generaciones… Se puede verificar hoy un cierto relativismo cultural, que se hace evidente en la teorización y defensa del pluralismo ético, que determina la decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley moral natural… Los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para sus propias preferencias morales, mientras que los legisladores creen que respetan esa libertad formulando leyes que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias, como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor”.

“La vida democrática tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son “negociables”. La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia sólo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona. Se trata de un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas”.

“Se asiste a tentativos legislativos que se proponen destruir el principio de la intangibilidad de la vida humana. Los católicos, en esta grave circunstancia, tienen el derecho y el deber de intervenir para recordar el sentido más profundo de la vida y la responsabilidad que todos tienen ante ella… Quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto. La conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral”.

“Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (piénsese, por ejemplo, en la droga y la explotación de la prostitución). No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio”.

Actuar

Si eres legislador, analiza estos criterios. Si no lo eres, compártelos con senadores y diputados. Dialoguemos con ellos, para que sean fieles a su fe y no adoren ídolos.

El Card. Felipe Arizmendi es obispo emérito de San Cristóbal de las Casas.