Las niñas y niños asesinados y desaparecidos
De los más de 20 000 homicidios reconocidos oficialmente en 2025, 1991 de estos, el 10%, corresponde a niñas y niños, según el informe, Balance 2025, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Del total de los asesinatos, registrados de enero a noviembre de 2025, 1558 son niños y 433 […]
De los más de 20 000 homicidios reconocidos oficialmente en 2025, 1991 de estos, el 10%, corresponde a niñas y niños, según el informe, Balance 2025, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Del total de los asesinatos, registrados de enero a noviembre de 2025, 1558 son niños y 433 niñas, y el mayor número se concentran en los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco.
El número de los asesinatos de niñas y niños en 2025, es 11% menor a los que ocurrieron en 2024, que en ese año fueron también el 10% de todos los asesinatos.
En el Balance 2025, de la Redim se registran 10 684 niñas, niños y adolescentes desaparecidos de los cuales al cierre del 2025 permanecían en esa condición 2856, un aumento del 30% con relación a 2024, cuando se sumaron 2192 casos.
La Redim señala que las niñas, niños y adolescentes no son ajenos a los niveles de violencia que azotan al país y afirma que del total de los asesinatos 56 casos han sido tipificados como feminicidios de menores de edad.
El informe también sostiene que 1084 niños y adolescentes fueron privados de su libertad a nivel nacional por delitos en los que están involucrados grupos del crimen organizado, que representa un aumento del 20.6% con respecto a 2023 cuando fueron 899.
La organización observa “este aumento con preocupación pues el reclutamiento forzado de niños y adolescentes se enfrenta a la invisibilización, empezando porque ni siquiera es considerado como un delito autónomo por las leyes mexicanas”.
Ante esta situación, que golpea las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, la Redim plantea a las autoridades mexicanas que pongan a la niñez en el primer lugar de las políticas públicas.
Que aseguren todas las decisiones del gobierno en seguridad, migración, programas sociales y presupuesto, que realmente se refleje en una política que tenga como prioridad el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Y también que se fortalezca el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que responda a la crisis de asesinatos y desapariciones, asegurando su búsqueda inmediata y las investigaciones correspondientes.
La Iglesia católica, a través de cada una de sus diócesis, debería convertir en una de sus prioridades estratégicas la protección de la vida de niñas, niños y adolescentes y sumarse al trabajo que sobre este tema realiza la Redim.

