¿Con qué seguridad cuentan los jesuitas en Chihuahua?

Actualmente, los 400 elementos de la Guardia Nacional destacados en la Sierra Tarahumara se coordinan para brindar la seguridad que requieren los 11 miembros de la Compañía de Jesús cuando se tienen que desplazar por las diferentes comunidades de la zona, pero una vez que regresan a la diócesis, regresan a su cuartel.

Por ello, la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena al Estado Mexicano garantizar la integridad física de los jesuitas es muy importante porque la vigilancia que se les otorgue pasará a ser permanente, aseguró el padre Jorge Atilano González Candia.

En entrevista con Desde la fe, el asistente las Obras Sociales de la Compañía de Jesús, indicó que luego del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas el año pasado, han sostenido reuniones continuas con representantes de las autoridades federales y estatales para ver los avances de las investigaciones de dichos homicidios.

Definirán medidas de seguridad

En este sentido, informó que el último encuentro que sostuvieron se llevó a cabo el 31 de enero pasado, antes de que la CIDH diera a conocer la resolución por medio de la cual pide medidas cautelares a los jesuitas de Cerocahui, Chihuahua, por lo que están definiendo la fecha en la que se reunirán para determinar las acciones que se implementarán a partir de dicha recomendación.

“No hemos tenido una nueva reunión. En principios habíamos quedado que la reunión sería para finales de febrero, pero ya estamos definiendo la fecha para la reunión en donde se determinarán las medidas cautelares a tomar con nuestros hermanos jesuitas”, dijo González Candia.

En el encuentro con los jesuitas estarían presentes el Fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui Moreno; el Secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya; y el comandante de la 42 Zona Militar con sede en Parral, Chihuahua, el General Alejandro Silva.

Estrategia permanente

En la reunión, continuó el sacerdote Jorge Atilano, verán lo que los beneficiarios necesitan en materia de seguridad, pues “nos preocupa que el presunto responsable (de la muerte de los dos jesuitas) sigue libre, sigue en la zona y como hubo testigos de lo ocurrido a los padres, eso nos pone en riesgo, aparte de las amenazas que se siguen recibiendo por parte de él”.

“Pero sí creemos”, continuó, “que es necesario hacer un proceso más en forma y permanente para analizar la situación de riesgo y también definir la estrategia de cuidado para los siete sacerdotes, las tres religiosas y el laico, que están sufriendo las amenazas”.

González Candia recordó que luego de que sucedió el asesinato llegaron mil elementos del Ejército Nacional y 400 de la Guardia Nacional, quienes se distribuyeron en la zona de la Tarahumara.

“Hasta la fecha, y desde ese entonces, se ha coordinado el acompañamiento a los sacerdotes por parte de la Guardia Nacional a las zonas de riesgo. Si se les solicita la presencia ellos han respondido para proteger a los hermanos”, apuntó.

Resolución esperanzadora

El sacerdote jesuita comentó que los beneficiarios de la resolución de la CIDH vieron con esperanza la determinación del organismo internacional y de que esto ayude al Estado a asumir una mayor responsabilidad en las investigaciones y, en general, en las propuestas para la seguridad en la zona.

“Sí nos preocupa porque en la Sierra Tarahumara siguen los asesinatos, siguen los secuestros, siguen las extorsiones, los enfrentamientos, los carros incendiados, entonces esto sigue presente ahí. Por eso nos parece un gran avance la petición al Estado Mexicano para generar medidas cautelares a la comunidad jesuita”, abundó.

Añadió que los grupos que siembran el terror en la región se dedican a negocios ilícitos, controlan la venta de cerveza, el transporte de los materiales que bajan de la montaña, además de controlar a las autoridades municipales y los presidentes seccionales.

“Lo que pasa es que este presunto responsable ha mandado recados acusando a los padres jesuitas de bocones, diciendo que él no fue. “El Chueco” (José Noriel Portillo Gil) hizo un video señalando que él más bien quería proteger a los sacerdotes, que quería defenderlos y está acusando a los mismos padres de haber sido cómplices del mismo delito”, concluyó.