Pide CEM a la 4T cambio de estrategia en favor de migrantes

En el marco del Día Mundial del Refugiado, que se celebró este 20 de junio, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a través de la Dimensión de Pastoral y Movilidad Humana (DEPMH), emitió un comunicado para exhortar a las autoridades y a la sociedad en general a atender la voz del Papa en el sentido de acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes y solicitantes de refugio que se encuentran en territorio nacional.

“No se trata sólo de migrantes, también se trata de nuestros miedos. La maldad y la fealdad de nuestro tiempo acrecienta nuestro miedo a los otros, a los desconocidos, a los marginados, a los forasteros”, con estas palabras del Papa Francisco inicia el comunicado de los obispos de México, quienes aseguran que las solicitudes de asilo se han convertido también en un viacrucis para estas personas por los candados o requisitos que retardan su resolución.

La CEM señala que más que militarizar las fronteras o levantar muros para evitar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, México debe crear una estrategia migratoria basada en los derechos humanos, que sitúe a los migrantes en el centro de sus políticas públicas, en favor de una migración ordenada.

Por otra parte, numerosas organizaciones de la sociedad civil firmaron un documento en el que denuncian que el Gobierno Federal está violando los derechos de las personas migrantes al desplegar 6,000 elementos de la Guardia Nacional, con presencia de la Marina, el Ejército y la Policía Federal para realizar acciones de control migratorio, pues tanto la Carta Magna y la Ley de Migración establecen que sólo el Instituto Nacional de Migración es competente para realizar estas acciones.

Además, aseguran que, en detrimento de los derechos de los migrantes, el actual gobierno ha dado facultades restrictivas a compañías de transporte privadas, como Flecha Amarilla y Autobuses de Oriente ADO, mismas que han emitido anuncios públicos señalando que para abordar alguno de sus autobuses se solicitará a las personas un documento de identidad por disposición del Gobierno Federal, lo que es claramente inconstitucional por violar el derecho al libre tránsito, la garantía de privacidad y la no discriminación.

Medidas –señalan– que además excluyen a millones de personas que viven en México y no cuentan con documentos oficiales, pero que transitan por las carreteras del país en los diferentes sistemas de transporte, como personas jornaleras agrícolas, connacionales retornadas o deportados que no tienen documentos de identidad, o mexicanos que no cuentan con credencial del INE porque se las robaron y no lo han podido actualizar.

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