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Funcionarios de lujo

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, recientemente aprobado, estuvo bajo la lupa de la sociedad civil que exigió criterios de austeridad en ramos específicos, así como destinar dichos recursos a la reconstrucción de las zonas del país que fueron devastadas por los sismos de septiembre pasado. El reparto de […]

19 noviembre, 2017

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, recientemente aprobado, estuvo bajo la lupa de la sociedad civil que exigió criterios de austeridad en ramos específicos, así como destinar dichos recursos a la reconstrucción de las zonas del país que fueron devastadas por los sismos de septiembre pasado.

El reparto de los dineros asciende aproximadamente a los 5 billones 279 mil 667 millones de pesos, y destaca la creación de un fondo de reconstrucción, el cual ha sido calificado de insuficiente ante la urgencia que viven varias regiones y comunidades. Estamos hablando de apenas 2 mil 500 millones de pesos, adicionales a los 18 mil millones de pesos para el Fondo de Desastres, y de 170 millones de pesos para la prevención de desastres.

Sin duda, el problema de la reconstrucción demanda más recursos de los que fueron asignados, pues deben usarse en todo el territorio nacional. El problema se agrava cuando, a pesar de las demandas de recortes a ramos inútiles, se percibe un incremento en las compensaciones y sueldos de altos mandos de la burocracia, rayando simplemente en la obscenidad económica más indignante.

Y es que, a casi un año del fin de la presente administración y de la actual legislatura del Congreso de la Unión, los representantes populares decidieron subir sus salarios, pese a las circunstancias de pobreza, marginación y urgente reconstrucción que imperan en el país. Presidente de la República, diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consejeros de organismos autónomos, no vieron ningún pase de tijera en sus bolsillos; al contrario, las bondades de este sistema “demócrata y republicano” terminarán por compensarlos pese a sus errores e ineficacias que comprometen el futuro de millones de personas, las cuales, jamás verán tal cantidad de dinero en sus casas o bolsillos.

Sin trabajar un año completo, en el 2018, el Presidente de la República tendrá una remuneración total neta de 3 millones 115 mil 531 pesos, contra los 3 millones 002 mil 971 pesos de 2017, con una percepción ordinaria de 207 mil 591 pesos, según el decreto. El gabinete no se queda atrás, pues cada Secretario de Estado tuvo un aumento de 4 mil 500 pesos en sus remuneraciones anuales, sin contar las notables prestaciones como la prima vacacional, aguinaldo o estímulos por cumplimiento de metas, que suman 1 millón 200 mil pesos.

Despachándose con la cuchara grande, al fin y al cabo, tienen el control del presupuesto, están los diputados federales. Sólo un recorte de 24 mil 153 pesos al salario anual, el cual pasó de 1 millón 460 mil 550 pesos en 2017, a 1 millón 436 mil 397 en 2018. Pero no pueden tapar el sol con un dedo, pues es del conocimiento público que sus prestaciones no tuvieron decremento alguno, incluso, subieron. Tal es el caso del seguro de gastos médicos mayores, de 110 mil pesos. Para la reconstrucción del Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados ampliaron un presupuesto de 200 millones de pesos.

Por su parte, los senadores tendrán una remuneración en 2018 de 1 millón, 973 mil 763 pesos, contra 1 millón 884 mil 312 pesos en 2017, un aumento de casi 89 mil 500 pesos.

Para mayor ofensa al pueblo de México, los funcionarios del lujo están en otras entidades, como los consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes, en 2018, año electoral, gozarán de una remuneración mensual de 249 mil 757 pesos, sin contar las exorbitantes prestaciones. Y los que parecen intocables son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con salario base de 651 mil 241 pesos mensuales.

Enunciar estos privilegios no es ocioso. El funcionamiento de una democracia no puede tolerar estos despilfarros a funcionarios con escasos y cuestionables resultados, mientras un trabajador se le esquilma y regatea un miserable salario de 80.04 pesos al día. En tres sexenios, del año 2000 al año 2017, el salario mínimo sólo aumentó unos 42.14 pesos, mientras que 62 millones de personas viven bajo la línea del bienestar.

Estos salarios son el reflejo de las notables desigualdades que guardan, poco a poco, el malestar social que no encuentra un punto de escape. Y parece confirmar lo que cada fin de sexenio aparece cuando las cosas están a punto de concluir. Este es el año de Hidalgo y…



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