¿Austeridad?

Después de los sismos de septiembre pasado, organizaciones de la sociedad civil demandaron de los partidos políticos la renuncia total a sus prerrogativas y financiamiento público con la finalidad de que dichos recursos se destinaran a la reconstrucción y reactivación económica de las regiones azotadas –las cuales aún continúan en rehabilitación–, así como a la asistencia de los miles de damnificados que están en pie de lucha por una vivienda digna.

Los institutos políticos respondieron a través de iniciativas y discusiones para renunciar a montos en el último trimestre del año 2017. El 22 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral hizo público el documento Informe Respecto de la Renuncia al Financiamiento Público por los Partidos Políticos Nacionales, en Virtud de los Sismos del Mes de Septiembre de 2017, en el cual se detallan cuáles fueron los partidos, además de los montos para ser destinados a los diferentes fondos de desastres.

De acuerdo con este documento, sólo cinco partidos políticos entregaron recursos económicos de sus prerrogativas correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2017. La suma hasta diciembre ascendía a más de 380 millones de pesos, que incluyen montos por actividades ordinarias y específicas. Sólo un partido político renunciaría a 30 millones de pesos en enero, mientras que los demás no hicieron referencia de entrega de recursos para el 2018.

El informe abunda que esos 380 millones de pesos deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación para ser “puestos a disposición del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público… deberán administrarse y aplicarse de conformidad con la normativa presupuestaria, con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y deberán destinarse a las acciones de reconstrucción derivadas de los daños ocasionados por los sismos ocurridos en el mes de septiembre…”

Sin embargo, 380 millones de pesos son insuficientes para las grandes urgencias que todavía padecen muchas comunidades pobres. En el ejercicio 2018, el financiamiento público por actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas para partidos políticos, asciende a 6 mil 745 millones 936 mil 684 pesos. En 2017, los nueve institutos políticos tuvieron un financiamiento de más de cuatro mil cincuenta y nueve millones de pesos.

Hasta diciembre pasado, nueve entidades federativas afectadas por los sismos –Chiapas, Oaxaca, Morelos, México, Puebla, Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz– habían recibido apoyos parciales por 6 mil 844 millones 389 mil 946 pesos, sólo para ser aplicados a urgencias y atención inmediata, sin tomar en cuenta la reconstrucción.

La descripción de estas cantidades no es ociosa, pues demuestra que no se ha dado una verdadera voluntad política para renunciar efectivamente, y en un porcentaje suficiente, a fin de coadyuvar a la reconstrucción que necesita más de 14 mil millones de pesos. En este sentido, el dinero en precampañas y campañas resulta un dispendio abrumador que debería destinarse a la urgencia del desarrollo de todas esas comunidades. 380 millones sólo sirvieron de arenga populista electorera, mientras el derroche continúa sin escuchar el clamor público que demandó de los partidos políticos una verdadera austeridad, no sólo apariencias.