Con el dolor no se trafica
El gobierno mexicano ha delegado a la Iglesia y la sociedad civil su responsabilidad ante la crisis migratoria.
En las últimas semanas, México ha recibido una ola de migrantes, en su mayoría haitianos, debido a la crisis sociopolítica que sufre esa nación. Muchos se encuentran retenidos en un campamento improvisado en un puente internacional que une México con Estados Unidos, y otros han encontrado refugio en albergues de diferentes estados del país.
Ante las dificultades que han enfrentado estos hermanos en su intento por ingresar a la Unión Americana, muchos ahora buscan desesperadamente quedarse en México de forma provisional, mediante la solicitud correspondiente ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esto ha provocado la saturación de los albergues, y en algunos casos, una crisis al interior de los mismos.
De acuerdo con el Estudio sobre las Casas de Migrantes Católicas elaborado por la CEM en 2017, existen por lo menos 75 organizaciones eclesiales -divididas en región norte, centro y sur- que ofrecen apoyo a los migrantes a través de albergues, comedores, centros de apoyo, parroquias, módulos de atención y dispensarios médicos. Estos se encuentran trabajando a toda su capacidad.
Y es que, por desgracia, como han denunciado los obispos mexicanos, lamentablemente el gobierno mexicano ha delegado a estas instituciones, y a otras coordinadas por la sociedad civil, la responsabilidad de atender esta crisis migratoria, y ha sido omiso en cumplir con el mandato de promover y defender los derechos humanos de todas las personas, establecido en el artículo primero de la Constitución.
Ante este escenario, los obispos han dejado en claro que México no quiere ya más “san fernandos” o más “cadereytas”, no más muertes ni dolor, ni un país en donde se separe a las familias migrantes, ni donde se trafique con el cuerpo y el dolor de las personas extranjeras que decidieron migrar para encontrar una vida mejor.
Pero para ello, se requiere no solo que el gobierno abandone su política de represión hacia las personas migrantes, sino que busque otras alternativas a la detención y a la regularización migratoria, para encontrar caminos más humanos y sin violencia a través del cual puedan transitar estos hermanos.
La Iglesia Católica, por su parte, llama a las comunidades parroquiales a no permanecer indiferentes ante esta crisis; a no renunciar a realizar el bien que tienen a la mano, comenzando por conocer los esfuerzos que hace cada diócesis, para después poder aportar en la medida de lo posible, incluso, desde la pobreza.
Sabemos que la Iglesia sabrá responder, como siempre lo ha hecho, a este desafío, y que no serán pocas las comunidades parroquiales interesadas en responder a este signo de los tiempos, y hacer vida el lema de la Jornada del Migrante y Refugiado 2021: “Hacia un nosotros cada vez más grande”, que nos muestra un horizonte claro para nuestro camino común en este mundo.