Tren Maya, daños en contra de la naturaleza

El papa Francisco en la Encíclica Laudato Si, establece lineamientos del magisterio de la Iglesia en defensa de la naturaleza y el medio ambiente en la conciencia del peligro que existe para la sobrevivencia de la humanidad de no frenar de manera decidida la agresión a la que ahora está sujeto el plantea.

El presidente López Obrador (2018-2024), que en su momento se inscribió, por sus acciones, entre los goberantes populistas y negacionistas de los efectos reales del cambio climático, decididó deforestrar las selvas del sureste mexicano y fue el responsable dierecto de que se talaran 20 000 000 millones de árboles, y se destruyeran cenotes y cavernas intocadas.    

Días atrás, el 26 de noviembre de 2025, la Misión Civil de Observación sobre los impactos y las afectaciones del proyecto Tren Maya dio a conocer su informe sobre las “graves e irreparables violaciones” a los derechos naturales, individuales y colectivos en los estados de Quintana Roo y Campeche, derivadas de la construcción de ese tren. 

El informe, se presentó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en Ciudad de México, y es el resultado de un recorrido en campo realizado por organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos en abril pasado, para documentar las transformaciones en comunidades por la operación de este megaproyecto. 

En calidad de observadores acompañaron el recorrido  académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de México (UAM), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. 

El informe afirma que: “Habitantes de los territorios visitados señalaron la opacidad e impunidad en el actuar de empresas constructoras y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) frente a las afectaciones socioambientales provocadas por la obra que sigue en expansión”.

Quienes hicieron el trabajo de campo, con el recorrido por la ruta del tren, y elboraron el informe, son organizaciones como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y Greenpeace México.  

Sostienen que el “alarmante” diagnóstico,  ratificó la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (2023), donde se advirtien las afectaciones etnocidas y ecocidas del Tren Maya, mismas que son responsabilidd del gobierno de México.

El investigador Guillermo D. Christy señala que: “Tan solo en el tramo cinco, seis y siete, al menos se contabiliza la pérdida de 20 millones de árboles (…) millones de nidos de aves destruidos. (…) El corredor biológico (…) ha sido vulnerado totalmente. (…). Han sido afectados alrededor de 130 cenotes con salida a la superficie, que fueron perforadas, rellenadas, destruidas, para la obra. (…) Es un daño inconmensurable”.  

Y en el infiorme se dice que la presencia de fuerzas armadas en la región, donde hay hoteles, estaciones, parques, zonas arqueológicas y escuelas, ha generado “un clima de miedo e indefensión”, y se ha incrementado la percepción de inseguridad y crecido la impunidad, que son realidades presentes en esta región del país.  

Residentes, entrevistados por integrantes de la misión, señalan   abusos de poder, aumento de precio de la canasta básica, afectaciones a parcelas, explotación de fuentes de agua y cercamiento de espacios públicos, sin que existan canales efectivos de comunicación para exigir reparación o atención a los daños causados por el personal militar. 

El tren ha traido consigo, están ahí la pruebas presentadas por organizaciones de la sociedad civil, un alarmante aumento de violencia criminal e institucional, a partir del 2020. Una dirigente de una de estas organizacione afirma: “Lo que no pasaba en nuestras comunidades, elecciones, asesinatos, muchas desapariciones (…) de jóvenes, niños, de hombres, de trabajadores del tren (…) quienes han hecho paros, denuncias y manifestaciones”. 

En el informe se hace ver la evidente “actuación irresponsable de la Sedena, la omisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”. 

Y a esto se suma la expansión inmobiliaria del megaproyecto, que está acelerando los procesos de privatización de las tierras ejidales, mientras aumentan los asentamientos irregulares y desarrollos turísticos sin permisos ambientales y urbanos. 

“La obra en su totalidad se construyó violando la normatividad ambiental vigente en México y acuerdos internacionales, blindándose con decretos presidenciales que declararon el Tren Maya como un proyecto de seguridad nacional’”, asegura el documento.   

Las y los participantes en la Misión Civil de Observación sostienen que: “Decir lo que está pasando es un riesgo, siempre ha sido un riesgo para nosotros. Parece que defender derechos y exigir que se hagan las cosas como se debería, no es bien visto. Estar en estos espacios requiere de mucho valor y valentía porque nosotros regresamos a nuestras comunidades”.  

El crimen contra la naturaleza cometido por el presidente López Onrador (2018-2024) con la construcción del Tren Maya, que nadie utiliza, no tiene precedente alguno en la historia de México, y tampoco en la región. Es una obra que se contruyó sin analizar su utilidd y el tampoco el impacto que iba a causar en la destrucción del medio habitat coinservadopor cintso de de miles de años. Queda como ejemplo trágico de lo que nunca se debe de hacer.