Un nuevo gobierno acumulando ilegalidades y desilusión
Es una mentira afirmar que el pueblo mexicano votó para destruir las instituciones, escribe el P. Mario Angel Flores.
POR:
Comisionado de la Doctrina de la Fe en la Arquidiócesis Primada de México y miembro de la Comisión Teológica Internacional (CTI). Es director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano y fue rector de la Universidad Pontificia de México, cargo que ocupó durante tres trienios.
Debería ser un buen momento para celebrar la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República Mexicana, pero desafortunadamente, las circunstancias que la han llevado a ocupar este importante lugar de servicio público no son para congratularnos, y menos el desempeño de sus primeras semanas.
No podemos olvidar que, independientemente de los millones de votos obtenidos el día de la elección el pasado 2 de junio, la campaña electoral previa estuvo marcada por flagrantes violaciones a las leyes electorales de parte del expresidente y del partido oficialista, ante la inacción y el silencio de los organismos responsables de llevar a cabo el proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El inicio anticipado y simulado de campaña, la utilización de enormes cantidades de recursos económicos muy superiores a los gastos permitidos por la ley, la influencia del crimen organizado y la intervención de miles de servidores públicos, influyendo directamente para manipular a muchos electores, bastarían para impedir la participación del partido político y la anulación de sus candidaturas; sin embargo, ésta ya es una ilegalidad consumada e irreversible bajo el esquema de elección de Estado.
El siguiente atropello ha sido la ilegítima adjudicación de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, con la sobrerrepresentación del partido en el gobierno y la compra de senadores mediante chantajes y sobornos vergonzosos e inconfesables, para iniciar una frenética aprobación de cambios constitucionales en detrimento del marco democrático de nuestra nación, especialmente la reforma al Poder Judicial, con una reforma mal hecha y mal intencionada que pretende anular la carrera judicial y la independencia y equilibrio de poderes.
El inicio del nuevo gobierno debió ser un momento privilegiado para promover la reconciliación nacional, la apertura al diálogo con todos los sectores, la reconstrucción de la confianza perdida en el entorno internacional, superar la visión maniquea de buenos y malos, adversarios y fieles seguidores. Al contrario, se comenzó con una actitud de soberbia ignorando a más de 70 millones de electores que no se expresaron por esta visión ideológica.
Durante estas primeras semanas ha continuado el discurso de actuar por “voluntad del pueblo” deteriorando la incipiente democracia mexicana. Es una mentira afirmar que el pueblo mexicano votó para destruir las instituciones que nos han ayudado a caminar con equilibrio en la construcción de este país que es responsabilidad de todos construirlo con armonía y justicia. ¿Será mucho pedir y esperar que la primera mujer en la Presidencia de la República abra estos caminos de reencuentro nacional?
Comisionado de la Doctrina de la Fe en la Arquidiócesis Primada de México y miembro de la Comisión Teológica Internacional (CTI). Es director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano y fue rector de la Universidad Pontificia de México, cargo que ocupó durante tres trienios.
