Opinión

“No” al artículo 35 de la iniciativa de Nueva Ley General de Población

Dentro de la Ley General de Población, la cual se encuentra en estos momentos en discusión en el Senado de la República, existe un riesgo inminente por la inclusión del capítulo II del artículo 35 fracción IV, sobre los supuestos derechos sexuales y reproductivos que atentan contra la vida de millones de mexicanos.

Esta iniciativa, proveniente de la diputada Rocío Barrera Badillo, integrante del grupo parlamentario de Morena y Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), van dirigidas a imponer violencia en contra de los más indefensos, su ideología a los niños y niñas y hacer a un lado a los padres de familia.


Los gobiernos deben tomar medidas oportunas para ayudar a las mujeres a evitar el aborto y en ningún caso, debe promoverse como método de planificación familiar. Estos supuestos derechos sexuales y reproductivos promueven el delito de aborto y atentan contra la vida de millones de inocentes.

Es necesario eliminar los supuestos “Derechos Sexuales y Reproductivos” de la nueva Ley General de Población, ya que fomentan una ideología de género y pretenden confundir a nuestros hijos, haciéndoles creer que pueden cambiar de “género”, vulnerando su sexo biológico. Además, atenta severamente contra su inocencia y estabilidad emocional.

Esta ley también pretende que los padres o tutores de menores de edad, no puedan condicionar ni orientar sobre el cuidado y respeto de la sexualidad de sus hijos. Sin embargo, le da al estado la facultad para que este sí pueda imponer a los niños de cualquier edad cualquier contenido y métodos anticonceptivos, sin el conocimiento y consentimiento de los padres o tutores.

Los hijos tienen el derecho de recibir la educación, formación y atención de sus padres, decir que los coercionamos, elimina esta responsabilidad y servicio que tenemos con ellos. Los padres educamos y orientamos a nuestros hijos y nos preocupa que la educación de nuestros hijos esté basada en ideologías impuestas en la nueva Ley de Población que busca confundirlos.

En el inciso IV de la nueva Ley General de Población, también refiere a la “eliminación de las barreras socioculturales e instituciones”, atentando contra las instituciones religiosas como la iglesia cristiana y la católica, con el objetivo de violentar la libertad de creencia y de conciencia de los padres de familia de acuerdo a sus creencias.

Es indispensable recordar que el derecho a la vida es reconocido en por lo menos 5 tratados fundamentales internacionales, especialmente en materia de Derechos Humanos. Con esta iniciativa, se estaría faltando a los siguientes derechos:

1.     Art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

2.     Art. 4 “Derecho a la Vida” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José): “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

3.     Art. 2 “Derecho a la Vida” de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “Toda persona tiene derecho a la Vida”.

4.     Art. 6 de La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, se afirma: “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”.

5.     Art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Pedimos al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Senado de la República, se elimine el Artículo 35 de la iniciativa de Nueva Ley General de Población. Es prioridad en el país como contar con mejores servicios de atención a la salud para las mujeres, esta ley implica un régimen controlado por políticos altamente ideologizados que quieren imponer agendas contrarias a la dignidad y el bienestar de las personas, las familias y las comunidades, subordinando al país a los intereses y lucro de grupos transnacionales.

* Mario Alberto Romo es Director Nacional de Red Familia.

Los artículos de opinión no necesariamente responden al punto de vista de la revista Desde la fe.

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