Así quedó la iglesia del pueblo de Santa Anita, en Guachochi en la Tarahumara
“Desolada y lastimada”, son las palabras con las que el párroco de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio de Guachochi, describió a la comunidad de Santa Anita tras la balacera del lunes pasado en la iglesia del pueblo, cuya fachada e interior recibieron cientos de balas.
Los daños a la iglesia fueron provocados por el enfrentamiento de dos grupos criminales armados, y de acuerdo con las autoridades policiales, en el lugar se encontraron una granada y cartuchos de fusiles AR-15 y AK-47, así como una camioneta calcinada y un hombre decapitado.
El sacerdote Enrique Urzúa, quien llegó a la comunidad de Santa Anita tras registrarse el ataque, grabó desde interior del recinto un video que difundido por Facebook. Tiene como fondo varias imágenes religiosas que fueron colocadas sobre una pared con impactos de bala.
También compartió la fotografía de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores tirada sobre el piso y con el vidrio de protección roto, como consecuencia del ataque armado que provocó la huida de gran parte de los pobladores.
El municipio de Guachochi se ubica en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, a unos 200 kilómetros del municipio de Urique, donde se encuentra el poblado de Cerocahui, tristemente famoso por haber sido el lugar donde hace casi un año fueron asesinados los dos sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, por el líder de una banda criminal.
En el video, el sacerdote Enrique Urzúa asegura que no sólo Santa Anita vive esta situación de desolación, pues algo similar está ocurriendo en El Rosado y Nacachi, pueblos que también se encuentran abandonados, y en los cuales sólo quedan indígenas:
“Los mestizos que tienen un vehículo han podido desplazarse, pero nuestros hermanos indígenas no, y no pueden salir por víveres, tienen miedo”.
Apunta que las comunidades están lastimadas, se sienten agredidas, pues en el caso de Santa Anita, la agresión a su templo es una agresión a la comunidad.
“No sabemos a dónde se han ido las gentes; los animales están en sus casas, y las casas están solas”.
Tras señalar que las comunidades se sienten solas, pues “no hay quien esté con nosotros, quien nos acompañe y nos proteja”, el sacerdote pidió a las autoridades estatales y federales asumir su responsabilidad de cuidar la integridad del pueblo.
“Les pido que se hagan cargo de esto, que tomen su papel, que nos ayuden, que nos auxilien, que hagan su trabajo. Y ruego porque Dios les conceda la sabiduría para hacer su trabajo y defender a nuestras comunidades”.
El padre Enrique Urzúa también se dirigió a los miembros del crimen organizado:
“Les pido, les ruego, queridos hermanos -porque a pesar de todo queremos a quienes provocan sufrimiento y muerte en medio de nuestras comunidades- que en nombre de Dios y de este pueblo lastimado y desolado, dejen las armas. Dejen de lastimar a nuestras comunidades; somos hermanos del mismo pueblo, de la misma patria. Esto no es justo, no es correcto. Han lastimado lo más sagrado de una comunidad: su templo”.
Y continuó:
“Somos hermanos, y no es posible que no sientan nada a ver cómo una comunidad completa sale dejando todo a la buena de Dios. Les digo, desde el corazón: queridos hermanos, porque lo somos, dejen las armas, hay mucha vida que Dios nos ofrece en estás hermosas tierras, sus familias también sufren cuando los matan, cuando no sabes de ustedes”.
Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su dolor e indignación por los hechos:
“Nos unimos en comunión con toda la comunidad de Santa Anita, en el municipio de Guachochi, Chihuahua, que viven con inseguridad y en incertidumbre”.
En medio de tanta muerte y crimen que se vive en el país -añadió- “condenamos públicamente esta situación y exigimos cese la violencia. Pedimos a las autoridades de todos los niveles, mantengan la estabilidad nacional y el Estado de derecho ante el crimen organizado”.
De acuerdo con fuentes locales, desde este martes 6 de junio comenzaron a llegar las fuerzas se seguridad federales y estatales a Santa Anita para investigar los hechos y establecer una mesa de diálogo.
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