El régimen de Daniel Ortega da un nuevo golpe en contra de la Iglesia Católica y ordenó el cierre de las universidades católicas Juan Pablo II, fundada en 2004, y la Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) vigente desde el 2002, bajo el argumento de que incumplieron las leyes de regulación en torno a las Organizaciones No Gubernamentales.
En lo que representa un acto más de represalias en contra del clero en ese país, el gobierno de Nicaragua, por medio de dos decretos publicados en la Gaceta Oficial, solicitó también el cese de actividades de la fundación Cáritas Nicaragua, dependiente de la Conferencia Episcopal de esa nación centroamericana.
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El argumento publicado por las autoridades, de que ambas instituciones académicas, con sedes en Managua, Chontales, Granada, León, Matagalpa y otras ciudades, no cumplieron con las leyes de regulación, es la justificación que el sandinismo ha utilizado para restringir a sus críticos desde hace meses.
El Ministerio de Gobernación nacional, al servicio de Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo, detalló que los sancionados rechazaron aportar información sobre sus estados financieros o activos, establecidos en una ley que se creó para identificar supuestos “agentes extranjeros” en el país.
De la misma manera, añadió la dependencia de gobierno, los directivos de las universidades se negaron a actualizar los datos sobre su juntas directivas, razones que consideró suficientes para arrebatarles la personería jurídica.
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Esta medida del régimen orteguista implica la inmediata confiscación de bienes e inmuebles de las dos instituciones, a las que ordenó traspasar sus activos al Estado de Nicaragua con apoyo de la Procuraduría, además de que se prevé la entrega inmediata y expedita de las listas de estudiantes, docentes y otros datos al Centro Nacional de Universidades.
Por su parte, las instituciones educativas afectadas denunciaron que esta medida es otra manera de acorralarlas y vigilarlas, pues el gobierno tiene la mira en sus activos e ingresos económicos ante la sospecha de que son financiadas con apoyo de gobiernos que intentan derrocar al régimen orteguista desde hace años.
De la misma manera, las universidades recriminaron el hecho de que el régimen que ordenó su clausura es el mismo que rechazó recibir los informes financieros de éstas, solo para tener los motivos necesarios para aplicarles sanciones irreversibles.
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En otra acción intimidatoria, se informó que el gobierno de Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica de la Fundación Cáritas Nicaragua, que comenzó operaciones en la década de los 90, con lo que demuestra que seguirá actuando contra los religiosos y sus instituciones afiliadas.
Esta medida fue una respuesta directa a la denuncia que hiciera el llamado “brazo social de la Iglesia católica”, que desde hace meses denunció la implementación de múltiples trabas gubernamentales que le hacían imposible cumplir con la ley de asociaciones.
Así, el régimen de Daniel Ortega aprovechó esa postura para poner fin oficialmente a la existencia de Cáritas, según se establece en los acuerdos ministeriales 20 y 30.
Esta cancelación se suma al de Cáritas Jinotega, que reportó que desde hace semanas se le negó la vía para recibir financiamiento de organismos donantes, bajo la justificación de que parte de esos ingresos podría provenir del extranjero.
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Con información de La Razón
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