El silencio orante que ha mantenido la Iglesia Católica en Nicaragua para evitar que más sacerdotes y obispos sean perseguidos o expulsados del país, no ha sido suficiente para tranquilizar al gobierno de Daniel Ortega, quien ahora busca asfixiar económicamente a la Iglesia Católica . Así lo han declarado algunos especialistas, luego de la última acción tomada por el régimen sandinista en contra de las cuentas bancarias diocesanas.
Y es que, desde el 2018, la Iglesia nicaragüense sufre la persecución del gobierno de Ortega tras el respaldo que dio a los grupos civiles que se manifestaron en contra de una reforma al sistema de salud. Esta persecución tiene a un número indefinido de sacerdotes en el exilio, entre ellos a un obispo, y a otros en la cárcel, como es el caso del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.
Desde el pasado viernes 26 de mayo, comenzaron a circular rumores de que el Gobierno de Nicaragua había congelado las cuentas bancarias de la Iglesia. Medios locales reportaron que algunas fuentes anónimas habían denunciado problemas para realizar transferencias bancarias, por lo menos en tres de las nueve diócesis en las que está dividido el país: Arquidiócesis de Managua, Diócesis de Matagalpa y Diócesis de Estelí.
En este contexto, la investigadora nicaragüense Martha Molina, autora del informe ‘Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?’ informó, a través de su cuenta de Twitter, que intentó realizar una transferencia monetaria a las cuentas bancarias de la Arquidiócesis de Managua, con lo que pudo comprobar el bloqueo por parte del gobierno de Ortega.
Fue hasta la tarde de este sábado 27 de mayo cuando el gobierno de Daniel Ortega, a través de un comunicado de la Policía Nacional, aseguró haber recibido información relacionada con actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias que pertenecen a personas condenadas por “Traición a la Patria”.
Cabe mencionar que tanto la Diócesis de Matagalpa como la Diócesis de Estelí se encuentra a cargo del obispo Rolando Álvarez, quien purga una sentencia de 26 años de prisión por supuesta “Traición a la Patria”; en la primera diócesis, monseñor Álvarez funge como obispo ordinario y en la segunda como administrador apostólico.
Según la Policía Nacional de Nicaragua, las investigaciones han llevado al hallazgo de “centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país”.
Y de acuerdo con el comunicado, las autoridades iniciaron investigaciones que arrojaron como resultado que el dinero hallado pertenecía a cuentas bancarias que la ley había ordenado congelar, “así como otros ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en diferentes diócesis”.
El texto también señala que se le ha pedido al cardenal José Leopoldo Brenes que presente un registro de los movimientos bancarios de todas las diócesis nicaragüenses.
Para la investigadora Marta Molina, lo que pretende el gobierno de Daniel Ortega al congelar las cuentas bancarias de las diócesis, es confiscar las propiedades que éstas tienen, así como asfixiar económicamente a las diócesis y obligarlas a desaparecer.
Tras calificar los hechos como una estrategia arbitraria, ilegal y temeraria, Molina exhortó a la comunidad católica a intensificar las oraciones y ayudar económicamente a las nueve Iglesias particulares de Nicaragua contra la “dictadura de Ortega”.
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