Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz: “Urge participación ciudadana para alcanzar la paz”

• El licenciado José Luis Aguilar señala que la solución a la violencia no debe dejarse en manos de los actores políticos de siempre.

Vladimir Alcántara  

El 2018 inició para México de una manera inusualmente violenta, pues en los primeros días del año fueron ejecutadas alrededor de 250 personas en diversos estados de la República, lo que nos pone en alerta, como sociedad, a fin de comenzar a tomar medidas para encontrar la puerta de salida a lo que seguramente será un prolongado proceso de reconstrucción social. Sobre el tema, habla para Desde la fe José Luis Aguilar, Responsable de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis Primada de México.

El especialista en temas de Justicia y Derechos Humanos señala que el incremento en los niveles de violencia no es un fenómeno de años recientes, sino que ya tiene décadas presentándose. “Aunque el fenómeno no es nuevo, la violencia se agudizó en 2006, cuando se empezó a hablar de una ‘guerra contra el crimen’, pues los actos delictivos comenzaron a registrar repuntes importantes, que desembocaron en un caótico 2017, al superar las cifras de violencia de los años anteriores. En cuanto al número tan elevado de muertos que se registró en los primeros días del 2018, quizás pueda responder a que el crimen organizado esté en un reacomodo, en una disputa de rutas para este inicio de año”.

José Luis Aguilar recuerda que hace tiempo existía alarma social por el hecho de que los noticiarios hablaban de una espiral de violencia cada vez más cruda y dramática, en la que se asesinaba a personas cada vez con más crueldad, en una especie de ira escalonada. “Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a esas formas de sanción o de venganza, y poco a poco han ido dejando de ser noticia. Se trata de un clima ascendente de violencia que tiene que ver, entre otros factores, con los altos niveles de pobreza, la falta de canales de expresión democrática, la carencia de servicios públicos y la desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades, así como la falta de procuración, impartición y acceso a la justicia.

“En nuestro país –refiere– la justicia no llega a todos; veíamos, por ejemplo, el caso de la empresa fantasma, cuya propiedad se adjudicó a dos mujeres, a través de la cual se llevó a cabo un desfalco a Sedesol-Puebla por un monto de 24 millones de pesos, sin que hasta el momento exista quién sancione, ni a quién sancionar, ni se sepa dónde está el dinero, pues la institución no cuenta con los mecanismos para rastrear esta situación, y pareciera que está ausente la ley fiscal, misma que se vuelve muy severa cuando se trata de aplicar sanciones a ciudadanos comunes y corrientes. Todos estos factores crean encono social, que paulatinamente se manifiesta en brotes de violencia, desde la doméstica hasta la del más alto nivel”.

Aguilar señala que la propagación de la violencia ha llevado a la sociedad a tomar medidas como la conformación de autodefensas –tema que recientemente ha destacado el New York Times– integradas para detener los embates del crimen, y ha puesto en la palestra política temas como la Ley de Seguridad Interna, que puede ser un arma de dos filos. “El Ejército ha estado operando desde que inició la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, y lo que siempre se criticó fue que carecía de un marco jurídico que regulara el actuar de los militares, cuya ley, en tanto ley jerárquica, los obliga a cumplir órdenes superiores. De seguir los militares cumpliendo con tareas del orden civil, es bueno tener una norma que delimite sus acciones con base en los Derechos Humanos. Aunque, por otro lado, se corre el riesgo de que se politice, y se maquillen cifras criminales para justificar la intervención militar en caso de que así convenga a las estructuras de gobierno”.

Señala que, independientemente de si la seguridad interior queda en manos de las corporaciones policiacas o del Ejército, los ciudadanos debemos comenzar a formar conciencia de la situación, y trabajar en diversos temas formativos, como educación para la paz, resolución no violenta de conflictos, la importancia de la participación ciudadana, el voluntariado, la creación de  políticas públicas, la importancia de figuras de participación como el referéndum o el plebiscito, del acceso a la información, la rendición de cuentas, la planeación de presupuestos; en general, cosas en que es necesario que la gente intervenga, para no dejar la solución en manos de los actores políticos de siempre. “En cuanto a la Iglesia, ésta tiene una labor orientadora de suma importancia, ya que, a través de su organización y su Doctrina, se puede crear conciencia para hacer frente a esta situación de carencias que han sido un detonante de lo que hoy lamentablemente vive México.