El derecho a posicionarse por el bien común

Estamos en época electoral en México, y es recurrente que surjan las preguntas de cuál es el papel que puede jugar la Iglesia Católica en las elecciones.

En este país, especialmente, el vínculo de política e Iglesia ha sido muy delicado, pues las relaciones Iglesia-Estado han provocado por lo menos dos grandes guerras internas: la llamada de Reforma, en 1857, y la Cristera, 69 años después de la primera.

En el contexto legal actual, la Constitución Mexicana protege el derecho de las personas a profesar la fe que elijan, a través del artículo 24 Constitucional. Este es un derecho humano de las personas, no de instituciones. Las personas son las que pueden elegir su fe y organizarse en torno a esa fe, con una doctrina, reglas y estatutos propios.

El mismo artículo de la Constitución prohíbe que las reuniones de las asociaciones religiosas con motivo de culto sean usadas para proselitismo político; esto es, realizar esfuerzos varios para convencer a los fieles de adoptar una posición a favor o en contra de una opción política, mientras que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prohíbe a los ministros de culto asociarse con motivos políticos y realizar proselitismo.

Entonces, ¿Implica una violación al Estado laico el que la Iglesia realice posicionamientos sobre temas públicos?

La respuesta es no. La Iglesia tiene la libertad y el derecho de propagar su Doctrina, siempre y cuando no se asocie con una opción política o realice proselitismo a favor o en contra de alguna opción en especial. Los temas de importancia de la sociedad, que implican parte esencial de la Doctrina Cristiana, como el combate a la pobreza y el desarrollo económico (el cuidado del prójimo), la seguridad pública (evitar la violencia, el robo, el asesinato), el cuidado de la vida, el cuidado y protección de la familia (orden natural y social), la búsqueda de gobiernos honestos y eficientes (verdad y justicia) no solo pueden, sino que deben acompañar el discernimiento diario y los actos de los fieles cristianos en nuestro país.

También es importante recordar que la Iglesia la formamos todos, los ministros de culto con el Orden Sacerdotal, y los fieles laicos. Mientras que la labor del sacerdote, en materia pública, consiste en ayudar a iluminar la conciencia del fiel para que el discernimiento pueda ayudar a construir el bien común; corresponde al fiel laico participar activamente en la construcción de toda opción política que busque dar mejores gobiernos y resultados a este país.

Exhortamos así a los fieles laicos, hoy y siempre, a que pidan discernimiento a Nuestro Señor, para separar las necesidades reales de los ofrecimientos fáciles, los derechos humanos de las ideologías, y busquen la mejor opción, más allá de la mercadotecnia y los ataques entre candidatos. Y exhortamos a los candidatos a que pongan como su primer objetivo bien común y los problemas cruciales, antes que sus objetivos personales.

Recordemos las palabras de S.S. Benedicto XVI: “Cuando las iglesias o las comunidades eclesiales intervienen en el debate público, expresando reservas o recordando ciertos principios, esto no constituye una forma de intolerancia o de interferencia, puesto que tales intervenciones solo están destinadas a iluminar las conciencias, permitiéndoles actuar libre y responsablemente de acuerdo con las verdaderas exigencias de justicia, aunque esto pueda entrar en conflicto con situaciones de poder o intereses personales.”