Héctor Carreón Perea

“Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel”. Mateo 5:25 (Traducción en lenguaje actual). Nuestro sistema de justicia ha sufrido grandes transformaciones en la segunda década del siglo XXI, entre ellas, la adopción de un nuevo procedimiento penal en cuyas actuaciones impera la oralidad y la publicidad. Estos cambios trajeron consigo nuevos mecanismos para resolver conflictos penales mediante el diálogo entre la víctima, el ofensor y la comunidad. Lo anterior, con miras a transformar la naturaleza del problema y encontrar una solución conjunta que permita, por un lado, obtener la reparación del daño causado por el delito y, por el otro, asumir una genuina responsabilidad por dichas acciones lesivas. Este tipo de herramientas que la ley ha optado por denominar mecanismos alternativos de solución de controversias, encuentran su fundamento en el movimiento de “justicia restaurativa” (también conocida como justicia reparadora, comunitaria o alternativa), como una respuesta creativa y humana a los problemas cotidianos entre las personas que integran una comunidad, favoreciendo la armonía y la paz social. Los mecanismos alternativos tienen diversas expresiones para promover la resolución de los problemas ocasionados por un delito. Por ejemplo, en casos de amenazas personales de vecinos o compañeros de trabajo -que se investigan a petición del afectado, existe la posibilidad de solicitar al Ministerio Público o al juez que dicho conflicto se resuelva, con ayuda de un facilitador, en una Unidad de Mediación o de Justicia Alternativa, mediante un proceso restaurativo como la mediación o la conciliación. No obstante, a menudo surgen críticas acerca de la eficacia y utilidad de estos procesos restaurativos. Muchos agentes del Ministerio Público y jueces argumentan que los ciudadanos somos obstinados y no entendemos los beneficios que brinda la solución del conflicto a través del diálogo, y sólo buscamos que el ofensor tenga un castigo ejemplar para que no vuelva a delinquir. Desde el punto de vista de las personas ofendidas o inculpadas, se ha llegado a afirmar que las autoridades no quieren salir de su zona de confort y por ello se niegan a utilizar otras alternativas de resolución a las denuncias. Ante esta disyuntiva, el catolicismo nos recuerda que la cultura de la paz parte de un sacramento fundamental: la Reconciliación. Cuando nos preguntamos qué tan difícil es reconciliarnos con Dios casi de manera automática respondemos que no es complicado, pues a través de la confesión celebramos nuestra penitencia. Cuando la reconciliación se presenta ante el prójimo, resulta un tanto embarazosa, pues se interpone nuestra soberbia y egoísmo; pero cuando tratamos de negociar con nosotros mismos, cumplir este sacramento se vuelve sumamente dificultoso. La cultura de la paz es un rasgo distintivo de la sociedad mexicana, pero ésta debe comenzar desde cada ciudadana y ciudadano, comprendiendo que toda negociación o reconciliación exitosa con el prójimo presupone que entendamos a nuestro contendiente más valioso, nosotros mismos. De acuerdo con William Ury, cofundador del programa sobre negociación de la Universidad de Harvard, “saber analizarse a uno mismo ayuda a convertirse en amigo en lugar de ser un contrincante cuando se trata de negociar con otros”. En el caso de la Ciudad de México –se podría replicar en todos los Estados- es necesario impulsar una política pública para explicar a la ciudadanía los nuevos mecanismos alternativos de justicia. Esta socialización podría darse con la participación de las Comisiones Vecinales de Seguridad Ciudadana y Protección Civil que se instalarán en los 847 cuadrantes en que se divide la capital del país, con la finalidad de que los vecinos identifiquen los problemas más frecuentes de su comunidad y se conviertan en verdaderos promotores de la cultura de la paz como clave para la transición de las nuevas Fiscalías de Justicia. *Héctor Carreón Perea es miembro de la Asociación Internacional de Fiscales e integrante de la Comisión Técnica de Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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