Columna invitada

“Al decir de Santo Tomás que por Derecho natural todas las cosas son comunes, sólo quiere decir que el Derecho natural no hace división de ellas, ni las apropia a nadie”. Fray Francisco de Vitoria A lo largo de la historia, los seres humanos hemos sido capaces de generar diversos testimonios cuyo valor estriba en tratar de dar certezas sobre nuestros orígenes y poder explicar nuestra proveniencia. Esos hitos, sean pictográficos, escultóricos o grandes edificaciones, provocaban en los seres humanos un ejercicio de memoria que permitió generar los sentimientos comunitarios que, tras la invención de la imprenta, propiciaron la democratización del conocimiento, merced a la proliferación de productos de esa tecnología, a los que llamamos libros, cuyo contenido emancipa a la mente del proceso estrictamente memorístico, dando pauta a la interpretación y, por tanto, a la liberación del pensamiento. No obstante, la profusión y circulación del libro, la carencia de sistemas sólidos de educación mantuvo vigente la memorización intrínseca a los testimonios ancestrales que rodeaban a la mayor parte de la población en su vida cotidiana. Desde un vestigio arqueológico hasta la magnificencia de un templo barroco, pasando por un “altar de muertos”, los mexicanos encontramos en cada uno de ellos elementos de narraciones aprendidas de memoria a lo largo de centurias, muchas de las cuales fueron encriptadas a través de la escritura, a las que hemos ido integrando las reflexiones que ellos han provocado en literatos, historiadores, juristas o en simples cronistas. El advenimiento del liberalismo provocó la construcción intelectual de conceptos como ‘Estado-Nación’ y así, como consecuencia de esta reconfiguración de la geopolítica, el término ‘patrimonio cultural’ se genera como resultado de la premisa. “A cada Nación una Cultura”. México como Nación no requirió reivindicar el sentido nacional de los testimonios arqueológicos o históricos, pues se entendían como parte sustantiva de un pasado común, el exhibido desde 1825 en el primer Museo Nacional. El gran debate se daba con relación a la colonia, pues la Nación consolida su emancipación desde 1812, cuando Morelos expresa en su Sentimientos la “total independencia de España”, postulado de separatismo que zanjó el tema de la Independencia, pero que generó una estéril polémica en torno a la vigencia del arte novohispano como parte de las expresiones culturales del naciente Estado mexicano. A pesar de la Reforma, el asunto novohispano no será resuelto a favor del concepto “patrimonio cultural de la Nación” hasta 1914, cuando en él se incluyen -sin reserva- los monumentos coloniales y artísticos, así como lugares de belleza natural. En materia de patrimonio cultural, el proceso revolucionario no melló el cauce integrador contemplado ya desde la ley de 1897, primera disposición jurídica que reconoce el término y legisla para darle sustancia y sentido a la materia, y que enriquecida con lucidez en pleno Huertismo, dará pauta a los indiscutibles aportes que el país dio a la UNESCO desde su fundación y que se traducirían en acciones legislativas en 1966, en la Ley de Monumentos de 1972 y en la Declaración de México 1980 sobre la Diversidad Cultural, cuyo artículo 7° expresa: Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con otras. Esta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, valorizado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre las culturas. Postulado universal que, además de ratificar la preexistencia del sentido comunitario del quehacer cultural de la humanidad, da nuevas luces al Derecho natural develado hace nueve siglos por Santo Tomás y mejor explicado por Fray Francisco de Vitoria, para quien dicho derecho “no hace división de ellas ni las apropia a nadie”, reconociéndolo, por tanto, común a todos sus pueblos. *José Alfonso Suárez del Real y Aguilera es Secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México.

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