El miércoles 29 de julio fue un buen día, ganó la vida, prevaleció la sensatez en cuatro de los cinco miembros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se rechazó el terrible proyecto que pretendía imponer el aborto al estado de Veracruz.
El Proyecto de Resolución del Ministro González Alcántara Carrancá sobre Amparo en Revisión 636/2019, fue presentado por Justicia, Derechos Humanos y Género, Ac., con la representación del conjunto de organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio (OCNF), y pretendía resolver que es obligación del poder legislativo del estado de Veracruz modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz por ser discriminatorios y/o constitutivos de violencia contra la mujer, con fundamento exclusivo en un imperativo convencional, al amparo de la CEDAW y la Convención Belem Do Pará, y así imponerles el aborto desde el poder judicial.
Es decir, el proyecto sostenía que la legislación penal actual en el Estado de Veracruz, en materia de aborto es violatoria de los derechos humanos de las mujeres y que ésta implica discriminación y violencia contra las mujeres. Por tanto, el proyecto intentó presentar a los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz, como una barrera discriminatoria al acceso a la salud en condiciones de igualdad, atentando contra el libre desarrollo de la personalidad de la mujer y su derecho a la vida privada, donde la maternidad no debe ser un plan de vida impuesto, pues esto representa, en su opinión, una intromisión indebida por parte del Estado en una esfera al escrutinio público. Es por ello que la penalización de aborto, representaría un tipo penal que sólo recaería en las mujeres por sus condiciones físicas y biológicas, y la sanción funge como un obstáculo para el acceso a servicios de salud seguros, que les permitan alcanzar el bienestar físico, mental, emocional y social, apreciado con perspectiva de género.
Ante esta situación, el Frente Nacional por la Familia junto con Iniciativa Ciudadana, representando a cientos de miles de ciudadanos, denunciamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación incurría, en caso de aprobar dicho proyecto, en un acto de Suprema Injusticia y Suprema Contradicción. Denunciamos que el proyecto presentado por el Ministro promovente estaba plagado de inconsistencias y tenía como único propósito hacer que el crimen más artero que puede haber, cometido en contra de las personas más inocentes, en su etapa más vulnerable, es decir, el ser humano en gestación, se convirtiera ya no en un tipo penal sino en un derecho. Hubiera sido la primera vez en la historia en la que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentara y la Corte aprobara un proyecto que, tanto en la forma como en el fondo, mostraban evidentes antinomias, artículos inexistentes, mala interpretación del sentido de las fuentes y jurisprudencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos, sin certeza jurídica, mostrando una total ignorancia dolosa del Derecho y de la aplicación del Derecho.
Era importante hacerles notar a los ministros que las Constituciones de veintiún estados de la República Mexicana protegen la vida desde su concepción, y que han sido los congresos de los estados soberanos los que lo han decidido así, por tanto, la intromisión del Ministro, que evidentemente esta al servicio de una ideología y no al derecho, representaría un acto de invasión de funciones que va en contra de la institucionalidad democrática, la división de poderes y la soberanía de los estados.
Estábamos conscientes que este proyecto no solo era propicio para quebrar la columna vertebral de la República y no sólo afectaría el derecho fundamental sin el cual no se puede disfrutar ni discutir si quiera los demás derechos, que es el DERECHO A LA VIDA, sino que también traería repercusiones en efecto dominó, en donde de una manera antijurídica, con amparos que disfrazarían controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, lograrían que la mayoría de los Estados de la República que defienden la vida desde su inicio en sus Constituciones fueran volcados de un plumazo, se viera revertida su voluntad popular y violentada su soberanía.
Y no sólo esto, también implicaría una promoción de la impunidad, ya que sin tipo penal aborto no habría agravante alguno para aquel hombre que violentara a una mujer y la obligara a abortar. Era necesario alzar la voz y decir que el bien que debe tutelarse es el de la salud de la mujer y de la niña o niño por nacer, ya que interpretar lo contrario iría en contra de la protección de los derechos de las mujeres que son forzadas a abortar en condiciones de violencia y marginación.
Este proyecto suscitó la indignación y el rechazo en los 32 estados de la república que se expresaron tanto en redes sociales como con firmas ciudadanas de la campaña que puso el Frente Nacional por la Familia con el hashtag #CorteAbortoNo, que fue trendig topic número uno por varios días seguidos, y que sumaron más de 200 mil firmas en tan solo unos días a través de la plataforma Citizen.Go.
También desde el poder legislativo y en un espacio muy corto de tiempo, suscitó puntos de acuerdo en rechazo al proyecto del Ministro promovente del aborto en más de 13 congresos locales, y también como punto de acuerdo en la comisión permanente del Congreso de la Unión presentado por senadoras de la República, haciendo un pronunciamiento junto con legisladoras de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados y un desplegado com más de 200 legisladores de todas las bancadas. Fue muy relevante también la voz de los obispos que se pronunciaron de manera clara sobre la importancia del derecho a la vida en México.
Este rechazo culminó en un plantón de sana distancia en el Centro Histórico de la capital un día antes de que resolviera la Corte, y a nombre de cientos de miles de ciudadanos que se pronunciaron y se seguirán pronunciando a favor de la vida y en contra del aborto, hicimos un llamado, entre representantes y representados, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, a que rechazaran el proyecto abortista, y que no se pretendiera hacer a la SCJN el supremo legislador, que mejor optaran por el derecho y no a la ideología, reconociendo y valorando el principal derecho, que es el derecho a la vida en todas sus etapas.
El día de ayer, con cuatro votos en contra y uno a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto proaborto. Hay materia para celebrar, pero también hay que RECONOCER a todos y cada uno de los mexicanos que desde su casa o asistiendo al plantón que se hizo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se activaron con más de 200 mil firmas que se convirtieron en correos que le llegaron a cada uno de los ministros y que les colapsaron sus correos. El mensaje les llegó de manera contundente.
Hay que RECONOCER también a los legisladores que se activaron en los Congresos Locales y en el Congreso Federal, que valientemente defendieron el derecho a la vida. Cada vez somos más las instituciones y personas que nos activamos para impulsar el respeto al derecho a la vida.
Tenemos que reconocer de la misma manera a los cuatro ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se apegaron a derecho para rechazar el proyecto abortista. El alcance de esta decisión implica que para los casos siguientes ya no será posible disfrazar amparos que en realidad son controversias constitucionales, usando como pretexto para imponer el aborto la omisión legislativa so pretexto de discriminación, con ello el caminito que querían iniciar con Veracruz para imponer el aborto desde el poder judicial se les ha estropeado, los activistas del aborto que están en el poder ejecutivo y judicial tendrán que buscar otro.
Fue un gran día, sin embargo la lucha sigue ya que en 28 estados de la República existen iniciativas de aborto impulsadas principalmente por Olga Sánchez Cordero y las bancadas de MORENA.
Pero GANÓ LA VIDA en esta ocasión, y seguiremos como #MexicanosAlGritoDeVida.
*Rodrigo Iván Cortés es Presidente y cofundador del Frente Nacional por la Familia; Vicepresidente de la Political Network for Values; Cofundador del Instituto de Análisis de Políticas de la Familia; Catedrático universitario. Lic. en Filosofía, Mtria. Administración Pública, Master y doctorando en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Coautor de 8 libros.
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