México, el corazón mariano de América con su santuario en el Tepeyac, es el segundo país con más católicos del mundo, y cuyo martirologio, con más de 50 santos y beatos, es el más numeroso de América Latina. Sin embargo, este 2019, México apenas cumple 27 años de relaciones diplomáticas con la Santa Sede, cifra que en cierto modo, es comparable con las relaciones que tiene la Santa Sede con Israel.
Cuando José María Morelos redactó “Sentimientos de la Nación”, se estableció que la única religión en México sería la católica, pero las ideas liberales de Europa y Estados Unidos influyeron en que cambiara esta visión, y la Reforma abrió las puertas a otras religiones, principalmente a los luteranos.
La Iglesia enfrentó duros golpes con la nacionalización de sus bienes (12 de julio de 1859), la ley del matrimonio civil (23 de julio de 1859), la Ley Orgánica del Registro Civil 28 de julio de 1859) y el 31 de julio, Juárez emitió el decreto que obligó al clero a desentenderse de los cementerios.
El 11 de agosto de 1859, Juárez prohibió a los funcionarios públicos asistir a las fiestas católicas y el 2 de febrero de 1861, quedaron secularizados hospitales y establecimientos de beneficencia. Finalmente, el 26 de febrero de 1863, suprimió las comunidades religiosas.
Estas circunstancias, desfavorables a la Iglesia católica, fueron aprovechadas por los protestantes que siguieron los pasos de un pastor bautista escocés: James Thomson, quien en 1827 comenzó sin éxito a difundir en México la Biblia luterana en castellano (versión Reina-Valera, sin los libros deuterocanónicos). Gran parte de su fracaso se debió a que la mayor parte de la población era analfabeta.
Luego, durante la etapa porfirista, la Iglesia tuvo algunos respiros pero no por ello cambio la situación de desventaja. La Revolución trajo consigo nuevas persecuciones y la Constitución Política de 1917, en el apuntalamiento del Estado laico, confirmó las políticas que limitaban a la Iglesia en su misión pastoral.
Con la Guerra Cristera (1926-1929), el Delegado Apostólico de la Santa Sede fue expulsado de México; el conflicto se salió de control del Estado y de la Iglesia. Los acuerdos de paz de 1929 comenzaron a restablecer la concordia, sin que por ello se dejaran de cometer crímenes, como el de San Darío Acosta, sacerdote al que le dispararon en 1931 en el interior de la Parroquia de Veracruz.
Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el Congreso modificó la Constitución para dar cabida al reconocimiento jurídico de las Iglesias, bajo la fórmula de Asociaciones Religiosas, y Juan Pablo II, desde enero de 1979, manifestó su deseo de comenzar relaciones formales. Tras fuertes debates, México reformó en 1992 el marco jurídico y aprobó una nueva Ley reglamentaria. La discusión se hizo sobre tres premisas: 1) separación entre el Estado y las Iglesias; 2) educación laica y; 3) libertad de creencias.
Juan Pablo II visitó la Gran Sinagoga de Roma en abril de 1986 y un año después, el Vaticano afirmó que “no había razones teológicas en la doctrina católica que pudieran impedir” las plenas relaciones diplomáticas entre la Santa Sede e Israel. En abril de 1990, el Papa nombró Delegado Apostólico en Jerusalén a Andrea Cordero Lanza di Montesemolo, quien tras la Guerra del Golfo Pérsico, en 1991, hizo público que tenía instrucciones de tratar de iniciar una negociación bilateral con Israel.
Fue el 29 de julio de 1992 cuando se anunció oficialmente la creación de la Comisión Bilateral Permanente de la Santa Sede y del Estado de Israel; entre los principales obstáculos estaba que la ley israelí no reconocía a la Iglesia católica como entidad orgánica con personalidad jurídica, y en consecuencia, como sujeto de derecho.
El contexto internacional del derecho dio la solución al problema, pues hay estados que tienen embajadas en la Santa Sede y no con el Estado del Vaticano, y es precisamente la Santa Sede y no el Vaticano, la que participa en organizaciones internacionales legales y políticas como la ONU.
El 10 de diciembre de 1993, los representantes diplomáticos formalizaron el “Acuerdo Básico” para las relaciones y este acuerdo se firmó, primero en Roma, el 29 de diciembre de 1993 y luego en Jerusalén, el 30 de diciembre.
Los artículos 3, 10 y 12 del “Acuerdo Básico” creaban una plataforma para proseguir las negociaciones con miras al reconocimiento de Israel del “derecho de la Iglesia católica a ejercer sus funciones religiosas, morales, educativas y caritativas, a contar con instituciones propias y a preparar, nombrar y desplegar su propio personal en las mencionadas instituciones a efectos de cubrir y cumplir dichas funciones:”
El Acuerdo de “Personalidad legal” de las instituciones católicas en Israel fue firmado el 10 de noviembre de 1997.
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