Hoy, la posverdad, ese neologismo que apareció alrededor de 2016 para describir un mundo donde los hechos objetivos importan menos que las narrativas que apelan a nuestros sesgos y miedos, no es solo un fenómeno global, sino que se ha convertido en un veneno que corroe sociedades enteras.
A la falta de veracidad también se debe aunar la desinformación, el auge de los bots y los cada vez más peligrosos deepfakes, y es que tan sólo en México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información el 80% de la población accede a internet
pero solo el 30% verifica fuentes antes de compartir.
La verdad, en este contexto, no es solo un valor ético, es una herramienta de supervivencia, sin ella, las sociedades se fragmentan, la empatía se evapora y la violencia se normaliza.
Durante décadas en nuestro país las instituciones han ido perdiendo la confianza de la población, este engaño no es pasivo; es activo y corrosivo; ejemplos hay demasiados: la opacidad en el manejo de fondos para obras y servicios públicos o la negación de la crisis en el sector salud; estas mentiras institucionales no son inofensivas; fomentan una pasividad generalizada ¿Para qué denunciar si el sistema lo encubre? El resultado: un repunte del 25% en delitos como extorsión y amenazas en 2024, según la Encuesta Nacional de Victimización (Envipe), donde el 70% de las víctimas ni siquiera acude a las autoridades por temor a la
revictimización.
A lo anterior habrá que sumar un tema complejo y doloroso porque si el engaño gubernamental es el telón de fondo, la impunidad en las muertes de religiosos es el acto más trágico de esta obra, México es el país más peligroso de América Latina para ser sacerdote, según el Centro Católico Multimedia (CCM), desde 2018 al menos 13 religiosos han sido asesinados: 10 sacerdotes católicos y tres evangelizadores.
El 2024 fue el año más letal, con cinco homicidios documentados, culminando con el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas, un defensor indígena baleado por su labor contra el despojo territorial. En el reciente reporte de 2025, más de 80 sacerdotes y religiosos han sido asesinados en los últimos 18 años en México, y se tienen registradas más de 800 agresiones incluyendo extorsiones que incluso pretenden obligar a parroquias a pagar “derecho de piso” al narco.
Casos emblemáticos como el de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, ultimados en 2022 en Chihuahua por un capo local, siguen en el olvido oficial; o el de los sacerdotes desaparecidos en Guerrero desde 2014, de los que no se sabe nada a diez años de promesas; igual status tiene el caso Ayotzinapa.
Esta impunidad es un síntoma de la posverdad aplicada a la justicia, diversas instancias gubernamentales minimizan crímenes como “ajustes de cuenta” o “venganzas personales”, ignorando que los religiosos son los primeros en denunciar la corrupción y la pobreza que alimentan al crimen. De acuerdo con datos del Diálogo Nacional por la Paz, un amplio porcentaje de sacerdotes católicos en México ha recibido amenazas y lamentablemente la verdad de estos defensores se ahoga en narrativas oficiales. La posverdad en estas situaciones no sólo deforma hechos; mata esperanzas y como bien dijo nuestro Señor Jesucristo: “Sólo la verdad os hará libres”.
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