La mayor oportunidad para contener y disminuir la violencia pasa necesariamente por la comunidad. Sin su participación, cualquier estrategia adolece del sustento primordial: la denuncia.
En el país, y en algunas entidades con mejores evidencias —como en la Ciudad de México por ser una de las más pobladas y complejas—, hay un proceso de disminución en los delitos y recuperación de la confianza ciudadana.
La capital nacional presenta una baja de 51 por ciento en delitos de alto impacto entre 2019 y 2023, y a nivel nacional bajaron 28 por ciento.
Aun con las cifras, hay un reconocimiento de que la seguridad es una tarea inacabada, constante y demandante de disposición de los principales integrantes de la comunidad: ciudadanos, líderes sociales y gobernantes.
La convocatoria hace unos días de obispos y sacerdotes, en el marco del Encuentro Anual de la Provincia Eclesiástica de Morelia, para formar un frente común con las autoridades revela esa noción de participación para erradicar la violencia desde la ciudadanía e implica acciones individuales como colectivas.
Desde el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México hemos impulsado la cultura cívica y de la prevención para la construcción de espacios de sana convivencia, donde se pueda cerrar la frontera a la delincuencia.
Denunciar cualquier acto violento, los que ocurren al interior de los hogares como aquellos presenciados en los espacios públicos, desencadena acciones institucionales para la investigación, persecución y detención de delincuentes.
Sin denuncias, se dificulta el conocimiento de los lugares y forma como se cometen los delitos y con ello la oportunidad de generar intervención policial y esquemas de prevención.
Tenemos la oportunidad de colaborar con las autoridades para que se tomen las medidas adecuadas, y lo podemos hacer a través de diferentes herramientas, desde el Ministerio Público, las redes sociales hasta apps como Mi Policía o la Línea de Seguridad o Chat de Confianza 55 5533 5533 del Consejo Ciudadano.
Un frente común contra la violencia y la impunidad tiene que ver con la determinación social de los colectivos ciudadanos, empresariales y gubernamentales para que los delincuentes perciban cómo los límites de la frontera de la seguridad e inseguridad se achican.
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