En los ocho meses que lleva el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (63), de octubre de 2024 a junio de 2025, han sido asesinados ocho presidentes municipales, uno cada mes.
Las alcaldesas y los alcaldes son el eslabón más débil de la estructura política, y por lo mismo los que están en mayor riego, y con menos posibilidades de defenderse de la acción de grupos del crimen organizado o de grupos políticos rivales.
De loa asesinados en esta administración, dos son mujeres presidentas: Lilia García Soto, San Mateo Piñas, Oaxaca, de Morena, y Laura Mendoza, Tepaltepec, Michoacán, de Morena.
Los hombres presidentes son seis: Alejando Arcos, Chilpancingo, Guerrero, de la alianza PAN-PRI-PRD; Román Ruiz, Candelaria Loxchila, Oaxaca, independiente, y Jesús Franco, Tancanhuitz, San Luis Potosí, de Morena.
Y los otros son: Mario Hernández, Amoltepec, Oaxaca, independiente; Isaías Rojas, Metlatónoc, Guerrero, del PT y Salvador Bastida, Tacámbaro, Michoacán, PT.
De los ocho tres son de Morena, dos mujeres y un hombre; dos del PT, los dos hombres; dos independientes también hombres y uno de la alianza PAN-PRI-PRD. De estos tres fueron asesinados en 2024 y cinco en los primero seis meses de 2025.
En lo siete años que Morena lleva en la presidencia de la República han sido asesinados 31 alcaldes y alcaldesas, en doce estados distintos.
Por el número de los asesinatos, el primer lugar lo ocupa Oaxaca, con ocho; le sigue Michoacán, con siete; luego viene Guerrero con cuatro y Veracruz con tres. Lo estados con un asesinato cada uno son: Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Chiapas y San Luis Potosí.
Por año los asesinatos han sido los siguientes: 2018 (1); 2019 (8); 2020 (0); 2021 (2); 2022 (6); 2023 (0); 2024 (9) y lo que ve de 2025 (5). En total 31.
En la época de elecciones se incrementa el número de los asesinatos de alcaldes y alcaldesas, los grupos del crimen organizado o grupos de poder local recurren al asesinato para impedir llegue al cargo alguien que no quieren o para imponer a quien les beneficia.
La organización International Crisis Group (ICG), que se dedica a realizar estudio para alertar sobre posibles guerras y definir políticas que construyan entornos más pacíficos, ha realizado el estudio México y sus Alcaldes olvidados: Gobierno local y la lucha contra el crimen.
En este plantea que en México, “la corrupción local y la magnitud de la violencia llevaron a las autoridades nacionales a minimizar el poder de los gobiernos municipales y recurrir al Ejército para supervisar la seguridad pública” y añade que la “policía militarizada no es adecuada para esta tarea”.
El ICG recomienda que las alcaldías establezcan “una nueva generación de acuerdos de cooperación en materia de seguridad con otros niveles del Estado, reforzando las fuerzas policiales locales, garantizando una división del trabajo más eficaz y permitiendo un mejor intercambio de inteligencia”.
En el marco de la actual estrategia de Seguridad pública, que ahora corre a cargo de un arma del Ejército, la Guardia Nacional (GN), no se ve que la situación pueda cambiar, y lo que sí es posible es que continúe el asesinato de alcaldes y alcaldesas como ha venido sucediendo en los últimos años.
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