Investigadores académicos, especialistas en el tema del crimen organizado y también dirigentes de la oposición han señalado, en repetidas ocasiones, la relación que existe entre políticos mexicanos, en particular de Morena, y grupos del crimen organizado.
En algunos estados del país, como Sinaloa, Sonora y Baja California, se pueden mencionar más, la ciudadanía habla de manera abierta de esta relación e incluso se dan nombres de políticos del gobierno estatal y también de los municipales.
El periódico Reforma (12.06.25) dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de Estados Unidos investigaba sobre posibles sobornos de grupos del crimen organizado a políticos mexicanos, y que con ese fin existe un memorándum firmado por Todd Blanche, Fiscal General Adjunto.
En el documento se menciona que al momento de aplicar la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), los fiscales deben de valorar si están implicados grupos del crimen organizado.
Y ver si los implicados, sean políticos o criminales, “utilizan lavadores de dinero o empresas fachada que participan en lavado de dinero para cárteles o TCOs (cárteles terroristas) o están vinculados con empleados de entidades estatales o funcionarios extranjeros que han recibido sobornos de cárteles o TCOs”.
De acuerdo a estudiosos del tema, las actuales investigaciones no solo se enfocan en funcionarios públicos que recibieron sobornos sino también a las empresas que sirvieron para blanquear los recursos ilícitos.
El documento al que tuvo acceso Reforma, fechado el nueve de junio, está dirigido al jefe de la División Penal del Departamento de Justicia y establece los nuevos parámetros que deben contemplarse en las investigaciones de actos de corrupción más allá de las fronteras de Estados Unidos.
En estos días, una nota de la Agencia Reuter afirma tener información, de fuentes confiables, que señalan que el gobierno de Estados Unidos ha dicho al gobierno de México que se realizan esas investigaciones de políticos y gobernantes que pertenecen a Morena.
La agencia sostiene que los funcionarios mexicanos que están enterados de estas investigaciones son el fiscal General de la República, Alejando Gertz Manero, y el secretario de Seguridad Pública, Omar García, y también la presidenta Claudia Sheinbaum.
En algún momento se va a saber del resultado de estas investigaciones y es altamente probable, como ya se afirma en algunos estados, que se ofrezca información, con datos duros, que prueben la relación de políticos, hoy en funciones, con grupos del crimen organizado.
La presidenta Sheinbaum sabe que es así y seguramente ya tiene una estrategia de control de daños que vaya más allá de solo culpar al pasado y a la oposición de todos los males que ocurren en su gobierno y también en el país.
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