El hallazgo del campo de exterminio y entrenamineto del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ha provoco en México y en todo el mundo el escándalo, la indignación y el dolor.
Son muchos los que nos preguntamos cómo puede suceder estos hechos en el siglo XXI y también que ninguna autoridad, local, estatal y federal, se haya dado cuenta de lo que ahí ocurría. Es una organización de la sociedad civil, un grupo de madres buscadoras, quien dio con el sitio.
Ante estos acontecimientos, la Conferencia del Epsicopado Mexicano (CEM) se ha pronunciado y expresa su indignación y dolor “ante el reciente decubrimiento de un campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado (…) este hallazgo que inluye crematorios clandestinos, constituye una de las expresiones más crueles de maldad y miseria humana que hemos precenciado en nuestro país”.
Los obispos señalan “que estos hallazgos ponen en evidencia la omisión irresponsable de autoridades gubernamentales de los tres niveles ante uno de los problemas más críticos que enfrenta el país: la desaparición de personas. Esta realidad exige una respuesta inmediata, contundente y coordinada del Estado mexicano”.
Y denuncian “con profunda preocupación que existan muchos lugares como este en nuestra nación, los cuales son sitios donde se han cometido los más graves delitos contra la humanidad. Estos actos atentan directamente contra la dignidad sagrada de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios”.
Manifiestan su “extrañamiento porque mientras se presume que bajan un 15% los asesinatos dolosos, se trata de ocultar que crecen un 40% las desapariciones. Desafortunadamente la mayor parte de estas víctimas son nuestros jóvenes”.
Los obispos con claridad reconocen y exaltan “la extraordinaria labor de las madres buscadoras y distintas organizaciones ciudadanas que, impulsadas por su dolor, valentía y tenacidad, son las que verdaderamente consiguen avances en la búsqueda de sus seres queridos y realizan hallazgos decisivos que mantienen vivo el clamor por la justicia. Su testimonio nos interpela a todos como sociedad”.
La CEM exorta a la autoridaes: a) Investigar exhaustivamente estos hechos con transparencia y eficacia; b) Dejar de evadir su responsabilidad o de intentar ocultar esta realidad; c) Fortalecer urgentemente, entre los tres niveles de gobierno los mecanismos de búsequeda e identificación de personas desaparecidas; d) Implementar políticas efectiva que prevengan estos crímenes atroces y garanticen la no repetición: e) Romper definitivamente con las alianzas que pudieran existir entre el crimen organizado y algunos amibentes políticos para liberar a México de esta decadencia moral”.
Los obispos ofrecen su participación en espacios “de diálogo y colaboración para atender esta crisis humanitaria, acompañar a las víctimas, y contribuir a la recosntrucción del tejido social tan lastimado por estos actos de violencia extrema”.
El posicionamiento de los obispos del pasado 12 de marzo termina con “la Iglesia Católica en México renueva su compromiso de ser voz de los que no tienen voz y de colaborar incansablemente en al construcción de un país donde prevalezca la justicia, la verdad, y el respeto irrestricto a la dignidad humana”.
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