Mapa de riesgo electoral

El gobierno federal no ha dado a conocer un mapa de riesgo electoral. Una de sus responsabilidades es la protección de las y los candidatos, en ese marco es deseable que, de contar con él, lo hiciera público.

Va ya un mes del proceso electoral y lo más seguro es que nunca lo de a conocer. En ese vacío del gobierno federal, tampoco ningún estado lo ha publicado, algunas organizaciones han dado a conocer su mapa de riesgo electoral.

Uno de esos es el que en enero pasado dio a conocer Reforma (14.01.24). En su análisis en el 25% del territorio electoral del país existe el riesgo de que el crimen organizado intervenga, de un u otra manera, en el proceso electoral.

En el mapa de riesgo de Reforma se incluye a 21 estados y pone focos rojos en 74 de los 300 distritos electorales federales. El INE a estos mismos los califica como “complejos” para la integración de casillas y organización de la elección por las condiciones de “alta inseguridad”.

El desarrollo histórico de las anteriores elecciones en esos distritos pone en evidencia que se han registrado ataques a políticos, operadores de los partidos y a funcionarios electorales.

Han también ocurrido masacres, plagio de migrantes, emboscadas a la policía y a las Fuerzas Armadas y ha habido enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado.

En el mapa de Reforma, el más importante foco rojo está en la región de Tierra Caliente, en el triángulo entre el Estado de México, Guerrero y Michoacán. Ahora es territorio en disputa entre La Familia Michoacana con otros grupos crimínales.

Por estados los 74 distritos electorales que tienen focos rojos se distribuyen así: Guerrero (7); Guanajuato (7); Chiapas (6); Estado de México (5); Tamaulipas (5); Sonora (4); Sinaloa (4) y Durango (4).

Le siguen: Michoacán (3); Jalisco (3); Baja California (3); Mórelos (3); Tabasco (3); Nuevo León (3); Chihuahua (3); Zacatecas (3); San Luis Potosí (2); Colima (2); Quintana Roo (2); Veracruz (1) y Ciudad de México (1).

Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de la violencia electoral y especialistas independientes coinciden en señalar que el nivel de intervención del crimen organizado ha crecido.

Identifican con claridad su actuación en los procesos federales de 2018 y 2021, donde fue definitiva para explicar los resultados electorales en algunos estados, sobre todo a nivel local.

Para Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, en 2021, el crimen organizado “activamente facilitó la victoria de Morena, particularmente en la región del Pacifico (…)”.

En este proceso electoral la acción del crimen organizado está a la vista. Del 1 de enero al 31 de marzo han sido asesinados 30 políticos y candidatos, sin sumar a sus acompañantes, y son cientos los que han renunciado a su candidatura por temor de ser asesinados.

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