En los seis años del pasado gobierno federal, anualmente intentaron ingresar a Estados Unidos 1 000 000 de mexicanas y mexicanos, de esos las autoridades del vecino del norte, regresaron todos los años 800 000 y solo lograron quedarse 200 000.
Ahora también hay una migración mexicana hacia los países de la Unión Europea (UE), que es muy menor si se compara con nuestros compatriotas que quieren emigrar hacia los Estados Unidos, pero es expresión de una realidad, la creciente emigración a Europa por la vía del asilo.
En 2021, 135 mexicanos pidieron asilo en la UE; en 2022, 260 y en 2023, 335, un crecimiento exponencial de un año a otro. Las solicitudes prácticamente son del mismo número de mujeres y hombres.
Estas mexicanas y estos mexicanos solicitan asilo porque dicen haber sufrido persecución o por considerar que sus vidas corren peligro por la inseguridad que reina en las regiones en donde viven, por las actividades que realizan.
En el Informe Sobre Derechos Humanos 2023 de la UE, México supera las 110 000 desapariciones, los niveles de violencia y delitos graves son altos y sostenidos, los activistas sociales sufren ataques y amenazas.
Y señala también que el índice de impunidad supera el 95% y que la posibilidad de encontrar resguardo en territorios mexicanos es bajo para la población en general y para los activistas sociales.
A pesar de esta realidad descrita en un documento oficial de la UE, en 2021, fueron rechazadas el 85% de las solicitudes; en 2022, el 81% y en 2023, el 69%. Cómo se puede ver hay una tendencia a cada vez aceptar más solicitudes de asilo.
Las solicitudes de asilo que sí prosperaron tienen que ver en lo general con que las autoridades europeas vieron motivos fundados del solicitante, para considerar que si permanecen en México afrontaría daños graves previstos en la Convención de Ginebra.
Entre el universo de personas en riesgo que contempla la posibilidad del asilo están los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los académicos, los sindicalistas y los representantes y dirigentes de comunidades indígenas.
Desde 2015, la UE puso en marcha un mecanismo para cartografiar la represión y la violación de los derechos de activistas sociales y defensores de derechos humanos en distintos países, que incluye a México.
A partir del inicio del mecanismo, en estos nueve años de existencia, nuestro país ha recibido 302 alertas sobre amenazas, intimidaciones, abusos judiciales, represalias, violencia física, desaparición forzada y asesinatos.
Las y los mexicanos que piden asilo a los países de la UE están relacionados con actividades que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, la defensa de la tierra y los derechos de las comunidades indígenas, la defensa de los bosques y el medio ambiente y el ejercicio libre del periodismo.
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