Al terminar abril eran ya 195 los asesinatos en el proceso electoral de 2024, para convertirse, con mucho, en la contienda más violenta en la historia reciente del país.
A los asesinatos hay que añadir 172 amenazas, 102 atentados, 21 desaparecidos y 15 secuestros, eventos todos ligados al proceso electoral, según al Reporte de Violencia Política de Integralia (01.05.24).
En total ya van 560 actos de violencia, de septiembre de 2023, cuando inició oficialmente la elección, a abril de 2024. La proyección es que al cierre de mayo los hechos violentos serán 630.
Ante esta trágica e inadmisible realidad en México se da por hecho, a pasado a ser parte de la cultura nacional, que las elecciones son procesos violentos y con muertes, se asume que es algo inherente a la disputa del poder.
Se dice, sin más, que es parte de nuestra realidad y manera de ser. Que no puede ser de otra manera y ante esto no hay nada que hacer. En muy amplios sectores de la sociedad hay un claro fatalismo.
La violencia y los asesinatos en las elecciones no se pueden aceptar y la sociedad no puede asumir que se trata de algo que forma parte “normal” de las contiendas electorales. Eso no ocurre en los otros países del América. En algunos se dan actos de violencia, pero son la excepción.
En el caso de nuesro país, la violencia y los asesinatos se asume como algo inherente a las elecciones. Los asesinatos y los actos violentos en su gran mayoría son provocados por la acción de grupos del crimen organizado, que se han convertido en un actor fundamental en las elecciones. Se han constituido en un gran elector.
Sí se sabe, la evidencia es contundente, que el origen de la violencia y el asesinato de políticos y candidatos son realizados por los grupos del crimen organizado, no hay más que enfrentarlos con inteligencia y en el marco de un plan.
Es necesario una estrategia nacional, coordinada por el gobierno federal, en la que participen los tres ordenes de gobierno. El centro de la responsabilidad recae en los titulares de las entidades federales, quienes coordinan a las policías municipales y acuerdan el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Si la responsabilidad solo sigue en manos de las Fuerzas Federales la violencia y los asesinatos seguirán siendo parte integral, lamentable y trágica, de los procesos electorales que se realizan en el país.
La evidencia señala que este gobierno federal no quiso enfrentar a los grupos del crimen organizado y permitió, con su estrategia de seguridad, que ampliaran su control territorial y multiplicaran sus actividades delictivas.
Abrió el espacio, la realidad está a la vista de todos, para que los grupos del crimen organizado intervinieran como nunca en la historia del país en los distintos procesos electorales, de manera particular en los municipales.
Y no solo eso sino que existen datos sólidos de que el actual gobierno y su partido, han negociado con grupos del crimen organizado, para obtener el triunfo en ciertas gubernaturas y presidencias municipales.
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