Rubén Aguilar
En diversas ocasiones he preguntado a altos mandos del Ejército, en activo y en retiro, cuál sería la posición del Ejercito si en la próxima elección federal del 2 de junio, alguno de los partidos se niega a aceptar el resultado de las elecciones.
Sin dudarlo me han asegurado que el Ejército siempre acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) órgano máximo del Estado mexicano en esa materia.
Me aseguran por su formación y por el respeto irrestricto a la Constitución y vida institucional en la que son formados, ningún militar tomaría una decisión de carácter golpista para hacer valer intereses privados que van en contra de los intereses propios de la Nación.
El Artículo 99 de la Constitución establece que el TEPJF es “la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley”.
Y que “al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior”.
Señala también que “la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos”.
A lo largo del sexenio el presidente López Obrador en más de una ocasión ha criticado al TEPJF, ha cuestionado sus decisiones, les ha recortado el presupuesto y ha intentado hacerse de su control. Y a su interior ha habido diverso tipo de problemas entre sus integrantes, ahora compuesto por cinco magistrados de los siete que debe tener, y ha cambiado en cuatro ocasiones su presidencia.
A pesar de esta realidad, que es innegable, los magistrados aseguran que al TEPJF nadie lo puede “manipular” y que a pesar de las abiertas diferencias que existen entre ellos a la hora de ejercer su responsabilidad habrán de actuar en la aplicación estricta de lo que les señala la Constitución.
Aseguran que la autonomía y la independencia del TEPJF está asegurada y que la institución es fuerte y que garantiza, como lo ha hecho en el pasado, la vigencia plena de la ley en materia electoral. Piden un voto de confianza de parte de los partidos y de la ciudadanía.
El papel del TEPJ en la elección es absolutamente fundamental, le toca, después de haber resuelto todas las impugnaciones, proceder a formular “la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos”.
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