Después de la descomunal afrenta contra la democracia realizada por el Presidente de la República en el pasado Proceso Electoral, utilizando ilegalmente recursos y personal del gobierno, la manipulación mediante las pensiones a adultos mayores y subsidios a grupos sociales, y otras trampas bien ensayadas, ahora los oficialistas buscan quedarse con una representación en el Congreso que no obtuvieron en las urnas, a fin de acabar con la incipiente democracia mexicana, anulando los organismos autónomos y al Poder Judicial.
Nadie tiene derecho a convertir los votos recibidos en un instrumento para acabar con la misma democracia que les ha dado la posibilidad de gobernar. Nadie puede afirmar que la mayoría legislativa y el Poder Ejecutivo ganados, con todo y las ilegalidades señaladas, les da derecho a hacer y deshacer las instituciones y la estabilidad de nuestro Estado.
¿Dónde está la voz de la presidenta electa para evitar este atropello?, ¿dónde está la supuesta preparación científica que tiene para dejar de lado el fanatismo y las falsedades ideológicas?, ¿dónde están los legisladores para defender y mejorar las instituciones que nos permiten vivir con democracia y gobernabilidad? ¿cómo es posible que se permita a un gobernante que va de salida dar la última estocada a la democracia?
Si los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo no están a la altura moral y constitucional para defender la institucionalidad de nuestra patria, queda en manos de la ciudadanía, especialmente la
sociedad civil organizada y los distintos sectores políticos de oposición, impedir que México retroceda en su desarrollo tan difícilmente alcanzado. Si no se hace algo contundente ahora, tendremos un camino más difícil hacia adelante.
*Los artículos de opinión son responsabilidad del autor y no necesariamente representan el punto de vista de Desde la fe.
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